A raíz de su enfermedad, el tribunal que lleva adelante el juicio por delitos cometidos durante la dictadura, había decidido que Ruiz Pozo quedara al margen del debate. El acusado residía en San Rafael y murió en su casa, puesto que su familia decidió trasladarlo al domicilio desde el Hospital Schestakow debido a su cuadro irreversible y para que tuviera un “buen morir”, según expresó Armando Duberné, director del centro asistencial. Ruiz Pozo era uno de los dos civiles imputados, porque, al momento de ocurrir los hechos que se están juzgando, era médico de la Policía y estaba acusado de falsedad ideológica y material. Nunca se sentó en el banquillo de los acusados y, ante su deceso, la causa quedará en abstracto. Se constituye así en el segundo de los imputados que muere sin ser juzgado por sus crímenes. El anterior fue José Mussere, quien falleció en su celda el 3 de agosto de un ataque al corazón.
EL JUICIO. En la jornada de ayer, el tribunal denegó la prisión domiciliaria a los imputados y se escucharon dos testimonios que complicaron seriamente al cura Franco Reverberi, ex capellán militar. Dos testigos, Roberto Flores y Teresa Olivieri, declararon que el sacerdote –quien sigue ejerciendo en Saltos de las Rosas, en el distrito de Cañada Seca, en San Rafael, y es, además, el ecónomo de la diócesis de ese departamento– presenciaba las sesiones de tortura y visitaba las celdas donde les pedía a los detenidos que confesaran porque “así redimirían su alma”. “Encomiéndense a Dios, es el único que los puede salvar, si no, se van a morir”, se escuchó relatar en la sala. Reverberi había declarado a los medios que nunca supo de desapariciones ni secuestros y que jamás fue nadie a pedir ayuda por los detenidos. En lo que respecta a su citación, el sacerdote expresó: “Yo jamás entré en ningún lugar de esos”, haciendo referencia a los centros de detención, y agregó: “No vi nunca a un preso político”.
EL DÍA DE LA IGLESIA. El lunes, dos curas se sentarán frente a los jueces. Es que fueron citados el mencionado Reverberi y José Álvarez Dominguez, vocero de la Diócesis de San Rafael, quien el jueves aseguró que “todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo” y que se intentaba ayudar en lo que se podía”, aunque, según Álvarez: “Hubo autodesaparecidos que después aparecieron”, al momento de cobrar su indemnización