Denunciaron a dirigentes de Derechos Humanos y Ruiz Soppe reiteró que desconocía las torturas
Luego de que los abogados defensores reclamaran al tribunal que investigue declaraciones de supuestos dirigentes de organismos de Derechos Humanos en una emisora radial sanrafaelina asegurando que presionarían a los jueces para impedir el arresto domiciliario de policías y ex militares juzgados, se reanudó el juicio.Con la notoria ausencia del ex comisario José Martín Mussere, fallecido la semana pasada, el resto de los acusados asistieron esta mañana a una larga exposición en carácter de declaración indagatoria, del ex jefe de la Unidad Regional Segunda, Ruiz Soppe.
El ex comisario, primero reclamó a los miembros del Tribunal que gestionen “un pedido humanitario” ya que en la Penitenciaría donde está actualmente detenido, hay “un enfermero con tensiómetro para 400 internados; no existe un desfibrilador ni un respirador ni un médico permanente.
Al notar la presencia en el debate del ministro de Gobierno, Mario Adaro, Ruiz Soppe dijo: “Aprovecho que está el ministro de Gobierno para trasladarle esta inquietud de tipo humanitaria porque es necesario que las instituciones cumplan los requisitos mínimos para cuidar la salud de sus internos”.
Al escuchar el pedido, el presidente del tribunal, Roberto Burad respondió que “vamos a hacerlo proceder, para que lo conozca la autoridad que gobierna este establecimiento carcelario, el doctor Gatica”.
Seguidamente, Ruiz Soppe volvió a defenderse de las acusaciones señalando que pese a ser jefe de la Unidad Regional Segunda y de tener a su cargo más de 600 hombres, cinco comisarías, delegaciones y direcciones de la fuerza policial en todo el sur provincial, “no supo nada” acerca de torturas y desapariciones durante la dictadura.
“He podido leer en los distintos cuerpos, las testimoniales. Que se habrían cometido torturas, lo cual jamás llegó a mi conocimiento. De haber sido así, no hubiese dudado un instante para terminar con ellos y formular las denuncias correspondientes”.
Al dirigirse “a los familiares de las víctimas”, aseguró que “todas esas personas estuvieron detenidas en dependencias policiales, y en el Centro de Detención de Tribunales, bajo dependencia judicial, lo que voy a probar en su momento”.
“Esas decisiones fueron tomadas y llevadas a cabo por personal militar acompañado por personal policial, porque así era la legislación de la época. No debemos olvidar que desde setiembre de 1974, imperaba el decreto 1368/74 que marcaba el Estado de Sitio en todo el país. Que fue prorrogado mediante decreto 2717 del 75, en octubre precisamente hasta 1983 en que fue levantado por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín”, dijo.
Y volvió a señalar los “tres decretos nacionales (2770-2771-2772) que dieron origen a la creación de un Consejo de Defensa, presidido por la presidenta María Estela Martínez de Perón y todos sus ministros, y también por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. A raíz de eso fue dictado por el general Videla, y por Viola, una directiva (número 404/75) de carácter secreto, de la cual solamente fueron instruidas 24 copias en todo el país. Tuve la suerte de bajarla de Internet y darla al Juzgado Federal de San Rafael al igual que los decretos”.
Reiteró que “esa directiva 404 era una verdadera orden de operación con una cantidad innumerable de variantes posibles para el caso de que la Señora Presidenta tuviese la suma del poder propiamente dicho”.
“Ahí está también la misión que debían cumplir las policías provinciales, que firmasen un convenio con el Ministro del Interior para que pudieran estar bajo el control operacional de las FF.AA. Este convenio fue firmado por el Interventor Federal, Luis María Domínguez, el 22 de octubre de 1975, bajo el N°3077/75 el cual ordenaba a los integrantes de la Policía de Mendoza entrar bajo control operacional de las Fuerzas Armadas y en particular, del Ejército que por del decreto 2771/75 se le otorgó la responsabilidad primaria de toda la dirección y coordinación de la lucha contra la subversión, hasta lograr el aniquilamiento de los elementos de la subversión”.
“A raíz de esto fue dictado ese decreto 3077 que en su artículo segundo daba la orden de dar prioridad a todo requerimiento que hiciera el aparato militar en la provincia de Mendoza. Vale decir con ello, que los que estamos acá sentados no somos los responsables de todas las atrocidades que han comentado los testigos. Acá los responsables, lamentablemente, están muertos y algunos desconocidos. Nosotros no tuvimos nada que ver, solamente estuvimos en un lugar y en un momento totalmente difícil. Y sólo cumplimos, en mi caso, con mi deber funcional. Vale decir que considero que fue un acto administrativo el que yo hice. La colaboración con la fuerza militar, bajo la jefatura del entonces del mayor Luis Faustino Alfonso Suárez como jefe de la sub área operacional, y yo en mi carácter de Jefe de la Unidad Regional II, de la Policía de Mendoza, sólo a sus órdenes; con un total de 600 efectivos, con un área geográfica que abarca el 40% de la provincia de Mendoza, con cinco comisarías, más de 25 destacamentos, las unidades agregadas y todo concerniente a brindar la seguridad y prevención, para que no se cometieran delitos en mi jurisdicción”.