Comunicado de Prensa - 30/7/10

Comunicado de Prensa

“Espacio Memoria Verdad y Justicia- San Rafael”

Por un bicentenario sin impunidad.

San Rafael, Mendoza, 30 de Julio de 2010

Hace un mes comenzó en la ciudad de San Rafael el Primer Juicio por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Ha sido un mes muy intenso donde luego de la lectura de la elevación a juicio, los represores imputados Teniente Coronel Aníbal A. Guevara (militar); Raúl Ruiz Soppe, Jefe de la Unidad Regional Nro. 2 de la Policía Provincial en aquellos años; Comisario Mussere, de la Policía Provincial; Juan Roberto Labarta integrante D2, área de inteligencia, y Raúl Egea Bernal, abogado de la policía provincial. La causa también tiene como imputado a Luciano Benjamín Menéndez, que por encontrarse en el Juicio de Córdoba no se encuentra presente.

Durante este mes se han escuchado varios testimonios de víctimas, de familiares de las víctimas de las causas de los cuales se ha ido desprendiendo que los detenidos desparecidos eran jóvenes en su mayoría comprometidos con una militancia social en sus barrios. En gran parte de los testimonios de los policías provinciales relacionados con los hechos de detención, tormentos y/o allanamientos ocurridos en el marco de las causas que se ventilan en el juicio adujeron con total hipocresía y desparpajo no recordar los hechos por el tribunal y los abogados querellantes preguntaban. Un militar retirado y integrante de la banda policial en el año 1976, reconoció haber realizado un curso anti – guerrilla donde personal militar norteamericano les enseñaron a matar y a torturar en el año 1967.El testimonio de una mujer mayor integrante de una familia que ha sufrido en varios de sus integrantes, los tormentos y detenciones ilegales, conmovió a los asistentes del juicio como así también a los integrantes del tribunal. La misma relató cómo apenas hace dos años el represor Labarta amenazó a su esposo y a ella con referencia a lo que iban a declarar en el juicio, diciéndole que sus datos están en la SIDE y en cualquier momento ellos pueden volver y eliminarlos.

Los testimonios y el juicio propiamente dicho ha disparado en la sociedad de San Rafael la posibilidad de conocer los hechos, los lugares de detención clandestinos, los tormentos físicos y/o psicológicos que sufrieron las víctimas, las actitudes de ciertos ciudadanos en el marco de la dictadura militar, en definitiva conocer y debatir sobre aquellos años. El juicio permite conocer la verdad y de esta forma lograr Justicia, no todos son iguales en la ciudad de San Rafael, comienza a descubrirse que hay personas que caminan en sus calles que tienen manchadas las manos con crímenes de Lesa Humanidad.

Por otro lado ante presentaciones judiciales realizadas en el Juzgado Federal de San Rafael por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – San Rafael, han comenzados a ser citados a declarar en otras causas que se encuentran en proceso de instrucción, personal civil que prestó funciones en el Servicio de Inteligencia del Ejercito 601, destacamento 144 correspondiente a San Rafael – Mendoza, desde 1976 al 1983. Es el caso de Julio Cesar Arco y Enrique Jesús Luppi con funciones de conductor y agente de seguridad respectivamente.

Los diversos sectores y agrupaciones que participan en el Espacio Memoria, Verdad y Justicia – San Rafael son conscientes que los pueblos que no tienen memoria están condenados a recaer una y otra vez en las peores desgracias, hay que evitar que el olvido gane la batalla, que los recuerdos del horror que significan los crímenes de Lesa Humanidad, se esfumen y que la sociedad quede, una vez más indefensa ante las acechanzas de quienes a lo largo de la historia hicieron del terror el instrumento predilecto de su intervención en los asuntos públicos. Por eso es indispensable sanear este capítulo de nuestra historia a través de la Verdad que permitirá obtener Justicia construyendo la Memoria Colectiva para que Nunca Más sucedan hechos similares.

“Las heridas de los pueblos se curan con JUSTICIA”.

1 mes de juicio

Publicado hoy en Diario San Rafael

La mayoría de los testigos siguen involucrando a los imputados

El lunes 1 de julio se sentaron en el banquillo de los acusados: el coronel Aníbal Alberto Guevara, a quien varios testigos acusaron de haberlo visto en circunstancias de ser detenidos y otros de participar en los distintos allanamientos que perpetraban las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía de la Unidad Regional II. José Martín Mussere, un ex comisario al que muchos que pasaron ante el Tribunal en calidad de testigos o por haber sufrido detención y tormentos calificaron de hombre violento y golpeador. Juan Roberto Labarta, ex integrante del temible D2 (Inteligencia policial) y quien tenía a su cargo infiltrarse en reuniones, asambleas y actos públicos de políticos, gremiales o de militancia social para obtener informaciones de quienes concurrían y qué se trataba. Raúl Ruiz Soppe, por ese entonces jefe de la Unidad Regional II de Policía, que era el responsable a través de sus subordinados de trasladar a los detenidos políticos de este organismo policial a los sótanos de la "Casa Departamental" (Tribunales). Raúl Egea Bernal, asesor letrado de la policía. Y el médico Cristóbal Ruiz Pozo, quien no asiste al juicio por encontrarse afectado de un cáncer de colon.

Otro que no está presente en este juicio que ha cobrado trascendencia nacional por ser el primero que se produce en la provincia, es el general Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba y con jurisdicción en varias provincias, por lo que está considerado como el principal responsable de la represión. El "Cachorro", tal su apodo, ya ha sido juzgado en otros juicios con penas de cadena perpetua, como el ocurrido en la provincia de Tucumán.

El lunes 5 de ese mes la Fiscalía pidió la elevación a juicio de los imputados y el martes 6 el mismo fiscal solicitó la ampliación de la acusación y la defensa lo consideró fuera de lugar. Asimismo el abogado defensor de los imputados, Rufino Troyano, solicitó la suspensión del debate, hasta tanto no compareciera el principal imputado, Menéndez. El miércoles 7 se amplió la acusación por homicidios a 4 imputados (Ruiz Soppe, Mussere, Labarta y Guevara), sobre quienes recae la acusación por el delito de privación ilegítima de la libertad en concurso real, con el delito de imposición de torturas agravada y por el concurso premeditado de 20 más personas, asociación ilícita, falsedad material y falsedad ideológica.

Dentro de lo que ha sido en sí el desarrollo del juicio, sin lugar a dudas que los relatos que se han escuchado en el recinto ha estremecido no sólo al público, sino también al tribunal presidido por el doctor Roberto Burad, a fiscales, abogados de las víctimas y querellante, por el contenido emocional que tuvieron. Las vicisitudes narradas por personas que fueron detenidas y torturadas, entre ellas las de Luis Barahona, Soto, Armando Dauverné, Calívar, como la versión de que los cuerpos de los detenidos eran arrojados dentro de una yesera, el posible enterratorio de víctimas de la represión en El Usillal, las crueldades cometidas por el mayor Luis Faustino Suárez, tuvo sus momentos estremecedores.

El próximo lunes sigue este juicio y seguramente que a medida que pasen los testigos y otras personas relacionadas con la época trágica, saldrán a luz nuevos hechos de un tiempo que una sociedad pide por nunca más.

Mas sobre el testimonio de Reyes

Nota sobre el juicio en Página/12 de hoy.

“Los yanquis nos enseñaron a torturar”

Lo contó un testigo en el juicio a represores en Mendoza. Dijo que “unos 200” efectivos argentinos acudieron al curso, dictado por rangers que “habían estado en Vietnam”. “Terminaron aprendiendo de nosotros”, señaló.

Hice un curso antiguerrilla en Tartagal, Salta, en 1967, con los yanquis. Allí yo aprendí a matar. Nos enseñaron técnicas de interrogatorio. El interrogatorio a través de la tortura. Cómo se debía torturar. La finalidad era extraer información.” El testimonio del policía y ex militar Roberto Reyes, testigo en el juicio que se lleva a cabo en Mendoza contra cuatro represores por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, es el primero que da cuenta de la presencia de especialistas norteamericanos para entrenar a las tropas en las técnicas ilegales que se utilizarían de forma sistemática casi una década más tarde, después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Según el relato de Reyes, “unos 200” efectivos argentinos, entre oficiales y suboficiales, acudieron al curso, dictado por alrededor de veinte rangers que “habían estado en Vietnam”. Finalmente, relató, los veteranos estadounidenses “pasaron vergüenza” ante la ferocidad de sus alumnos. “Terminaron aprendiendo de nosotros”, señaló el testigo.

“Yo me anoté para hacer el curso porque me dijo mi padre, que era militar, todos los cursos que puedas hacer, hacelos.” Reyes llegó a ser cabo primero aunque siempre –asegura– se desempeñó en el Ejército como parte de la banda de música, hasta que, tras un accidente en 1970, fue dado de baja y se incorporó a la policía. El golpe del ’76 lo encontró cumpliendo un rol de guardiacárcel, primero en la zona llamada Sierra Pintada, luego en la Casa Departamental de San Rafael, adonde funcionó un centro clandestino de detención, motivo por el que fue citado como testigo. Sin embargo, sorprendió a todos los presentes en la audiencia cuando relató cómo, mientras revistaba en las Fuerzas Armadas, participó de este “curso antiguerrilla” que duró cuatro meses, en 1967, “cuando estaba el Che Guevara en Bolivia”. Argentina era gobernada por el régimen de facto de Juan Carlos Onganía.

Según narró ante los jueces del Tribunal Federal Nº 2 de San Rafael y una nutrida asistencia (en su mayoría familiares de desaparecidos), en el curso les enseñaron “como se debía torturar, distintos tipos de tortura”. Incluso detalló algunas de las técnicas adquiridas. “Por ejemplo, estaquearlos con correas mojadas y a medida que se secaban, cortarles los párpados, y llegado el momento se volvían locos porque no podían cerrar los ojos, les tiraban sal, estaban al rayo del sol –detalló–. Otra tortura era el submarino, había métodos de tortura como colgarlos de las manos, llegando al momento se descoyuntaban”. Sin embargo, para Reyes, las técnicas que traían los rangers “las conocía todo el mundo, no venían con nada nuevo: picana, sumergir a las personas, les colocaban bolsas en la cabeza, inyectables para que se desesperen, griten, pedían que los mataran”. El objetivo era inequívoco: “La finalidad de esa tortura era extraer información”, confirmó Reyes, que aseguró que “en esa situación límite dicen cualquier cosa con tal de salvarse”. Durante el entrenamiento, además, recibieron “reglamentos o especie de manuales en inglés” y, al finalizar, “hasta un diploma”.

Aunque su testimonio no dejó nuevos detalles sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Mendoza durante la última dictadura, sí “demuestra que efectivamente hubo un plan sistemático de terrorismo de Estado que se comenzó a preparar en los años sesenta para ponerse en marcha en los setenta”, apreció el abogado querellante Pablo Salinas en declaraciones al diario local Mendoza Online. Reyes también reconoció haber visto a los imputados en el centro de detención y, aunque asegura que nunca vio a nadie allí con señales de tortura, reconoció que tener a alguien encerrado en una celda sin luz e incomunicado es una forma de tormento.

El primer juicio oral avanza contra los responsables del terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza luego de que los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, que frenaban su desarrollo (también bloquearon la aplicación de la nueva ley de medios), fueran denunciados por su complicidad con la dictadura. Ahora están siendo juzgados el ex teniente coronel Aníbal Alberto Guevara y los policías Raúl Alberto Ruiz Soppe (por entonces jefe de la Unidad Regional II), José Martín Mussere (oficial que funcionaba como enlace con el Ejército), Juan Manuel Labarta (que revistaba en la Policía de Investigaciones, o D2, de San Rafael) y Raúl Egea (abogado). El médico de la policía Cristóbal Ruiz Pozo, en tanto, quedó relevado por encontrarse internado y con una enfermedad terminal. El jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, ya condenado cuatro veces a cadena perpetua, fue separado de esta causa para afrontar otro juicio en Córdoba.

Torturas

Mas sobre el testimonio de Reyes

“Nos enseñaron a interrogar a través de la tortura”, dijo un ex militar"

Tan sólo dos testimonios tuvo la jornada doce del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza y si bien ninguno de los imputados fue señalado, el debate sirvió para que un ex militar y actual policía explicara que, años antes de la dictadura, fue entrenado en distintos métodos de tortura a través de profesores argentinos y rangers norteamericanos. También certificó que, días antes del Golpe de Estado de 1976, siendo ya policía, su superior le avisó, al igual que al resto de la compañía, que se preparara para un acuartelamiento y que, horas antes de que se derrocara a María Estela de Perón, todos los policías, junto a militares, se encontraban en formación en la sede de Infantería de San Rafael.

AÑOS ANTES. Roberto Florencio Reyes proviene de familia de militares y llegó a ser cabo primero desempeñando funciones en la banda de música. Allí estuvo hasta 1970, cuando, por un accidente, fue dado de baja y se incorporó a la banda de música de la policía, pero antes de ese accidente, según testimonió ante los jueces Héctor Cortés, Roberto Burad y Roberto Naciff, hizo un entrenamiento bastante particular. Corría el año 1967 y, mientras Ernesto Che Guevara se encontraba en Bolivia, alrededor de 20 rangers norteamericanos y un número similar de militares argentinos dieron un curso antiguerrillero en Salta, donde aparecieron focos de subversión por la época. Allí, según explicó Reyes: “Nos enseñaron a interrogar a través de la tortura”. Entre los métodos aprendidos por los militares argentinos que se presentaron a hacer el curso estaba el procedimiento de estaquear gente. Este consistía en atar a una persona de piernas y brazos y con correas mojadas al sol, cortarle los párpados, para que no pudieran cerrar los ojos y tuvieran que mirar permanentemente el sol y, en ocasiones, tirarles sal. Según Reyes, que argumentó que nunca aplicó métodos de tortura ni en el curso ni en la dictadura, los torturados “se volvían locos”. Reyes también señaló que se enseñó a colgar a las personas de sus brazos, a aplicarles el llamado submarino, en sus dos variantes, el húmedo, que consiste en hundir la cabeza de una persona en un tacho de agua, y el seco, que es producir asfixia a través de una bolsa. En ese sentido, Reyes señaló que “eran métodos que conocía todo el mundo y que los rangers no venían con nada nuevo”. A cambio del aprendizaje, los militares argentinos enseñaron a los soldados que asistían al curso y a los rangers el uso de la picana eléctrica. Reyes, que durante la dictadura y siendo policía fue custodio de los detenidos en la Casa Departamental durante casi dos meses, reconoció que cuando “una persona está en una situación límite, dice cualquier cosa con tal de salvarse”. El curso duró cuatro meses y, según el testigo, las personas lo hicieron “para seguir practicando e intensificando” lo aprendido. Estimó que el curso de aprendizaje continuó a través de los años.

AÑOS DESPUÉS. Reyes explicó que, días antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el oficial de policía a cargo de la Banda Militar les avisó a todos los miembros, Reyes incluido, que se fueran preparando para un acuartelamiento y, horas antes del golpe, a la medianoche, policías y militares se encontraron en Infantería, donde fueron dadas las primeras órdenes. Allí, Reyes explicó que un militar organizó a un grupo de policías, él incluido, que fue a custodiar una zona llamada Sierra Pintada y, tras cinco días en ese lugar, fue enviado a la Casa Departamental, en donde formó parte de la guardia la noche del 31 de marzo, cuando los desaparecidos Francisco Tripiana y Pascual Sandoval fueron presuntamente dejados en libertad. Según el testimonio de Reyes, con Tripiana y Sandoval no tuvo mucho contacto, en cambio sí con otros detenidos, como Alfredo Porras y el ex gobernador José Martínez Baca, a quienes ayudó en distintas circunstancias, arriesgándose, ya que, según explicó, era visto como traición si uno establecía relación con los detenidos o transmitía recados, como hizo en el caso de Porras, para que su madre supiera que estaba vivo y, posteriormente, para que este viera unos minutos a su familia, previo amenazarlo con que lo mataría si intentaba escapar. Justamente, esa “cuestión humanitaria” era lo que provocaba que él nunca pudiera aplicar los métodos de tortura aprendidos, según explicó. Reyes afirmó también que vio a los imputados José Mussere, Raúl Ruiz Soppe, Juan Labarta y a Raúl Egea en varias oportunidades en la Casa Departamental, aunque sólo en el caso de Ruiz Soppe afirmó que quizás este llegó hasta las celdas de los detenidos. No obstante, el testigo afirmó que nunca vio a nadie con señales de tortura en el centro de detención, aunque admitió que vivir en celdas, casi sin luz, incomunicados, sin que nadie supiera si estaban vivos o no, era una tortura para los detenidos y sus familias.
En ese sentido, alegó que los detenidos sentían mucho miedo y terror, porque “no sabían adónde iban a terminar”. En cuanto a los motivos de por qué había presos políticos, Reyes afirmó que nunca lo preguntó. “En ese momento cada uno cuida su pellejo, uno no preguntaba por respeto o para no quedar involucrado en algo”, explicó el miembro de la policía de Mendoza, que señaló también que dudaba de que un detenido torturado, al no tener marcas, le dijera que había sido castigado por miembros de las fuerzas de seguridad.

Jornada lunes 26/7

Noticia publicada en mediamda.com en el día de hoy.


Reyes Aramayo reveló que recibieron instrucciones sobre cómo torturar

Aramayo ya era músico de la Banda de la Policía cuando fue el golpe militar de 1976. Sin darle espacio a demasiadas preguntas lo mandaron a custodiar durante 45 días junto a otros policías la Departamental. Allí conoció a varios detenidos y tuvo buen trato con ellos. No le consta que haya habido traslado de convictos a la Municipalidad para ser interrogados, al menos durante su trabajo en ese lugar.

Este policía figura en el acta de liberación de Tripiana pero ignora qué fue de él luego de que salió del edificio. Sabe que lo subieron a una camioneta y se lo llevaron junto a otros liberados. Ignora completamente qué fue de él.

Explicó que “la policía estaba subordinada a las Fuerzas Armadas y que éstas tenían una orden emanada del Poder Ejecutivo Nacional de exterminar a los subversivos”. Aclaró que “esa orden la tomó María Estela Martínez de Perón antes del golpe de Estado”.

Por otra parte Aramayo contó anécdotas que mostraron un costado humano durante su estadía en la Departamental con los detenidos. Por ejemplo, el ex Gobernador Martínez Baca necesitaba gotas para los ojos, y él personalmente fue hasta su casa a pedírselas a su esposa, arriesgándose a ser tomado como traidor.

En otra oportunidad, la madre de uno de los detenidos, Alfredo Porras, que le llevaba comida todos los días, le dijo que “cómo sabía ella que esa comida le llegaba a su hijo, si no tenía certeza de que estuviera con vida”. Le permitió entonces al detenido, salir al patio que llevaba hasta los baños de bomberos y que su familia lo viera desde la esquina del hogar Las Mercedes para que comprobaran que estaba bien.

Mientras estuvo dentro del ejército hizo un curso de capacitación “antisubversiva” dado por los “Rangers” norteamericanos. En él aprendió tácticas militares y hasta métodos de tortura para obtener información. “Nunca puse esos métodos en práctica”, aclara aunque no duda en que otros sí lo hicieron. Sin embargo también hizo un curso de enfermería. Aramayo dice al respecto “como militar aprendí a matar y como licenciado en enfermería aprendí a salvar vidas”.

Se considera un verdadero “milico” ya que por tradición siempre hubo militares en su familia. Pero destaca sus valores afirmando que “dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada”.

Primeras 10 jornadas del histórico juicio en San Rafael

A continuación dejamos el texto escrito por Diego, un compañero de la Coope, que intenta resumir la densidad de las 10 primeras jornadas de debate.

Lo hemos subido al portal scribd.com, pueden descargarlo en el link "download" o bien leerlo en pantalla completa en la opción "full screen".

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Resumen Primeras 10 Jornadas Del Juicio San Rafael

Juicio continua el lunes 26/7

El lunes se retoma el juicio en San Rafael con una inspección ocular

Pasaron las diez primeras jornadas del histórico juicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando adelante en San Rafael, donde hay cinco imputados (José Mussere, Raúl Ruiz Soppe, Raúl Egea, Juan Labarta y Aníbal Guevara) de haber participado en las desapariciones de Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Guillermo Berón.




Según fuentes de la Justicia federal, el debate continuará el lunes con una pericia ocular en una vivienda ubicada en la calle Comandante Salas de San Rafael, donde habría funcionado el D2 de la Policía.

El lugar fue dado a conocer por Armando Dauverné, director del Hospital Schestakow, quien explicó que allí había un pozo de agua donde fueron arrojados los documentos de los desaparecidos y sus expedientes policiales.

Asimismo, el tribunal compuesto por los jueces Roberto Burad, Roberto Naciff y Héctor Cortés se trasladará hasta la casa del padre de Dauverné para escuchar su testimonio, quien podría involucrar directamente a Labarta como uno de los encargados de aplicar torturas. Asimismo, está previsto que Ruiz Soppe continúe la indagatoria que él mismo pidió suspender la semana pasada, alegando cansancio, luego de declarar durante siete horas.

Fuente: elsolonline.com

Inspección ocular

Publicamos aquí la nota que sacó mediamza.com a raíz de la inspección que fue realizada en el día de ayer en el lugar que el testigo dijo haber llevado detenidos.

Lozano señaló un lugar donde pudieran haber enterrado “personas desaparecidas”

El ex soldado Daniel Lozano en el juicio que se está llevando a cabo por las desapariciones de cuatro personas durante la última dictadura militar, testificó esta mañana ante el tribunal. Dijo que cuando era chofer, una noche le tocó ir en una camioneta hasta un descampado con un militar de mayor rango que le indicaba el camino. En ese viaje en la parte trasera de la F100 del Ejército viajaban otros soldados que “llevaban algo para dejar”.

Al bajar de la misma, los soldados demoraron aproximadamente una hora y media en volver. Lozano arriesga a decir que puede que hayan llevado un cuerpo para enterrar allí, dada la hora de la noche y el tiempo que demoraron en volver. Pero también aclaró que no le consta tal situación.

El Juez, Dr. Burad, luego de la indagatoria, le pidió al testigo que volviera al mediodía para ir con él hasta el lugar donde supuestamente manejó aquella noche. En horas de la tarde se hizo el recorrido, con la presencia de Policía Federal, Gendarmería Nacional, los jueces, las partes y la prensa.

El lugar señalado por Lozano es en la calle “La Esperanza” del El Usillal. Allí estaba un hombre llamado Humberto Poblé de 60 años, analfabeto que se asustó un poco ante la presencia de tanta gente y sobre todo, de la policía. Al ser indagado por el Dr. Burad, el hombre dijo que no recuerda haber visto camionetas en aquellos años, pero dijo que por esa zona vivía un militar.

Lozano asegura que fue por esa zona el lugar donde bajaron los militares.
A pesar de los testimonios sería muy difícil hoy, luego de 34 años, encontrar allí, si los hubiera, los restos de un cuerpo humano.

Jornada 19/7

Informa elsolonline.com

La octava jornada del juicio de San Rafael permitió saber cómo vivió una de las víctimas de la dictadura sus últimos días, hasta que en la madrugada del 1 de abril fue conducido a un lugar, del que nada se sabe, donde su cuerpo desapareció hasta el presente, en que su familia aún reclama sus restos para poder darle sepultura.


TRIPIANA. Hasta ayer, todos los testigos habían sido o familiares de desaparecidos o ex presos políticos, por lo que, cuando se sentó un ex soldado al frente del tribunal, todos los asistentes al debate esperaron impacientes para ver qué diría, más aún porque Mario Lemos fue uno de los encargados de custodiar a Tripiana antes de que este desapareciera.

Según lo que explicó Lemos, él era un soldado conscripto que tuvo la tarea de custodiar a Tripiana y otros presos políticos por un lapso de entre cuatro y siete días, todos ellos en la Casa Departamental, donde funcionan los tribunales sanrafaelinos.

Durante esos días, él y Tripiana hablaron en varias oportunidades y, según expresó Lemos, “Tripiana se veía con miedo, sin saber por qué estaba detenido”, aunque seguro de que lo dejarían en libertad de un momento a otro, porque no había hecho nada malo.

Lemos también habló sobre las detenciones. En ese aspecto, aseguró que los operativos se hacían con

“camiones y Ford Falcon, en los que iban algunos militares uniformados y otros de civil” y que, cuando se los trasladaba a los detenidos, estos iban en el camión con las manos en la nuca o levantadas y amarrados. Asimismo, afirmó que en la Casa Departamental, los detenidos se encontraban en muy malas condiciones, sin poder lavarse y, generalmente, los llevaban al baño con los ojos vendados.

Lemos también explicó que comían mal y que los alimentos que les llevaban sus familiares se los daban mucho después de recibirlos.

RECONOCIMIENTO. Por otro lado, y con los imputados –Juan Labarta, José Mussere, Raúl Egea Bernal, Raúl Ruiz Soppe y Aníbal Guevara– de pie, el testigo solamente reconoció a Guevara, por ser este el único militar de los imputados y ser quien daba las órdenes a los soldados que custodiaban en la Casa Departamental.

Lemos, además, afirmó que Guevara comandaba los operativos de detención, aunque explicó que eso lo sabía sólo por comentarios, ya que únicamente participó en uno de ellos.

En tanto, otro de los testigos, Osvaldo Montenegro, explicó durante su testimonio, que uno de los imputados, Mussere, les pegaba a los detenidos junto con el mayor Luis Suárez y los trataban de “zurdos”, “montoneros” y “guerrilleros”.

EL JUICIO. El testimonio de Lemos fue parte de la octava jornada del juicio que se está llevando adelante en San Rafael, donde a los imputados Guevara, Labarta y Mussere se los acusa del homicidio y desaparición de Tripiana, José Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio.

En el caso de Ruiz Soppe se lo excluye de la muerte de Berón, mientras que a Egea Bernal se lo acusa de asociación ilícita, igual que al resto, y de falsificación ideológica y material de un documento público.

Continúa el juicio

Hoy no salió nada sobre el juicio en los diarios locales, solo encontramos este artículo del portal online El Sol. Recuerden que continúa el juicio, hoy declaran Mariano Tripiana, Osvaldo Montenegro, Juan Pérez Sánchez y Carlos Isidro Villar; el ex soldado Mario Lemos y la mujer de un policía muerto, Susana Urquiza de López. También, como infroma El Sol, el tribunal dará a conocer si acepta el pedido de compulsa hecho por los abogados querellantes y por la fiscalía, en el que se solicitó que se investigara a un grupo de personas que fueron nombradas en los testimonios. Entre ellas, un abogado que se llamaría Fernando Cuervo, un suboficial de apellido Alonso y un policía con el nombre de Fierro, compañero de Labarta.

Testimonio señala un lugar donde habría restos de desaparecidos

Algunos dicen que fue porque se encontraba muy enfermo y preveía el final de su vida, otros, porque su mujer lo convenció. En el 2003, un ex policía se presentó espontáneamente ante la Justicia federal y declaró en dos oportunidades que había estado en un lugar donde sepultaron a una víctima de la dictadura militar y que, junto a él, estaban el mayor Luis Suárez, ya fallecido, y uno de los imputados en el juicio de San Rafael, Raúl Ruiz Soppe.

EL SEGUNDO. Carlos Blas Baez Koltez, ya fallecido, era un efectivo de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza, con sede en San Rafael.

No era cualquier uniformado. Durante la dictadura y antes de esta, fue el segundo de la Unidad Regional que comandó Ruiz Soppe en los primeros meses de la dictadura militar de 1976.

De hecho, Ruiz Soppe lo mencionó en varias oportunidades durante su testimonio, asegurando que, cuando Suárez le pidió dos uniformados para que trabajaran con las Fuerzas Armadas, el encargado de la selección fue Baez Koltez.

Lo que no mencionó Ruiz Soppe en su declaración fue algo que habría presenciado su subalterno que lo podría mandar a prisión.

Según figura en el expediente, Baez Koltez se presentó en el 2003 ante la Justicia federal de manera espontánea y dio dos declaraciones sobre el mismo hecho, siendo la segunda una ampliación de la primera.

En ella, Baez Koltez aseguró que, en una oportunidad, acompañó a Suárez y a Ruiz Soppe a un lugar llamado La Remonta, ubicado en Tunuyán, y tras recorrer cientos de metros llegaron a una casa de adobe en donde había un hombre estacado a una cama, prácticamente inmóvil.

Allí Suárez lo golpeó con un palo y, posteriormente, el hombre fue llevado a un pozo cercano a la casa, donde fue arrojado.

En ese momento, y tras la orden de Suárez, todos los presentes, incluido Ruiz Soppe, dispararon sus armas sobre la víctima, cuya identidad aún se desconoce, como tampoco se han encontrado sus restos.

Según Blas Koltez, el cuerpo, además, fue rociado con cal y ácido, lo que coincide con el testimonio de uno de los testigos del juicio, Isidro Calivar, quien recordó que Suárez le ordenó en una oportunidad que se quedara callado o lo tirarían en un pozo y le echarían, justamente, cal y ácido.

Pero la declaración de Baez Koltez no se queda allí, sino que también aseguró que era una metodología recurrente el darles una supuesta libertad a los prisioneros para luego desaparecerlos, ocultando sus cuerpos, como se hizo en el caso que él mismo narró hace siete años.

RELACIONES. Para la Justicia, la declaración de Baez Koltez no deja lugar a dudas. Por un lado, a nadie le extraña que haya estado con Ruiz Soppe y con Suárez, ya que, incluso, el mismo Ruiz Soppe en su testimonio durante el juicio que se está llevando adelante en San Rafael explicó que muchas de las diligencias las llevaba adelante su segundo, Baez Koltez, por lo que este era una persona de absoluta confianza.

Por otro lado, también hay una serie de coincidencias que le dieron más credibilidad a la historia.

Esto es, La Remonta pertenece a Campo Los Andes, un gran predio propiedad del Ejército.

En esa zona estaba, y continúa ahí, la base de la Compañía 8 de Ingenieros de Montaña, que era comandada por Suárez.

Pero, además, tras el testimonio de Baez Koltez, la Justicia comenzó una investigación que hoy tiene en su poder el fiscal de la Unidad Especial para delitos de Lesa Humanidad, Omar Palermo.

Según esta, el lugar mencionado por Baez Koltez ya fue encontrado, al menos lo que habría sido el contrapiso de la casa, sin embargo, aún no se ha podido ubicar dónde habría existido un pozo, debido a la extensión del terreno.

No obstante, las investigaciones continúan para tratar de descubrir señales de que se haya removido la tierra en las últimas décadas.

ESPERANZAS. La declaración de Baez Koltez es una señal de esperanza para los familiares de desaparecidos que han reclamado durante el juicio de San Rafael que los imputados digan dónde están los cuerpos de los desaparecidos para poder finalmente hacer el duelo.

Según explicó Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes, “hay muchas esperanzas en que pueda llegar a ser verdad” y relacionó el testimonio de Baez Koltez con el caso de la estudiante puntana Graciela Fiochetti, quien, luego de ser asesinada por policías de San Luis, durante la dictadura militar, fue arrojada a las Salinas del Bebedero.

Nota a Mariano Tripiana en Página/12

Reproducimos nota que salió en Página/12 de hoy, 15/7/2010

“Yo quería saber dónde estaba mi viejo”

Los secuestros ejecutados por los policías y militares durante la dictadura militar en Mendoza llegaron a juicio oral. La desaparición de Francisco Tripiana, José Guillermo Berón y Roberto Simón Ozorio son tres de los casos investigados.


Francisco Tripiana era un militante del Partido Auténtico, una organización política afín a Montoneros. Se ganaba la vida como pintor de casas y con las cosechas temporales de la uva. El 23 de marzo de 1976 a las 24, un comando entró a buscarlo a los culatazos a su casa, en la ciudad mendocina de San Rafael. Dos días después apareció detenido en la Comisaría 8a, luego en la Departamental de los Tribunales que funcionaba como centro de torturas. Y ocho días más tarde, los represores fraguaron un acta de libertad, pero no volvió a aparecer. Su caso es uno de los que se investiga en el primer juicio oral y público que finalmente se está haciendo en la provincia de Mendoza. La causa incluye el secuestro y desaparición de otros tres compañeros de la Juventud Peronista, todos trabajadores, secuestrados por su compromiso político, según precisó la requisitoria fiscal. El rol de la policía de Mendoza es otro de los ejes de la causa.

“Nos costó 34 años”, cuenta Mariano Tripiana, su hijo, por entonces apenas nacido. “El lunes declaró mi madre –dice–; fue muy fuerte la sensación de volver a verla sola, entrando a un lugar como ése y enfrentarse otra vez con las mismas personas: vio ahí sentado a Guevara, el jefe del operativo que se llevó a mi padre, que en ese momento tenía bigotes, y que ahora no tiene bigotes, está más gordo y pelado, pero ella lo reconoció y les pidió en la audiencia que, por favor, rompan su pacto de silencio, que digan donde están los cuerpos.”

Mariano va a declarar el próximo lunes. Ese día, volverá a ver las caras que en muchas ocasiones buscó en soledad. Una vez logró pararse ante uno de los represores que supuestamente estaba con prisión domiciliaria.

“Cuando lo vi en la calle, le dije que no estaba cumpliendo la detención”, dice. “Yo llevaba encima una cámara de fotos y le dije: ‘Dígame dónde están los cuerpos y yo no le digo al juez que usted está saliendo de su casa’. Yo quería negociar, pero me puse nervioso y la foto nunca me salió.” Todavía no se habían reabierto los juicios. “Yo quería saber dónde estaba mi viejo, dónde están los cuerpos de todos los compañeros y, bueno, durante tantos años nos costó vivir todo eso.” Y sigue: “A mi mamá la discriminaron de la fábrica donde trabajaba porque de un día para el otro le dijeron que no tenía más trabajo porque su esposo era un subversivo; a los 12 años yo andaba vendiendo escobas por la calle, y ver cómo un papá jugaba con sus hijos y yo no lo tenía... Son un montón de cosas que hizo el terrorismo de Estado, que te dejan marcado”.

Alguna de esas marcas empezaron a cerrarse cuando el Estado reimpulsó los juicios. Pero no fue lo único, Mariano habla de un aire de época, de una cosa más vital. “Vamos sanando nuestra identidad porque en otras épocas no podíamos salir a la calle libremente diciendo que somos hijos de desaparecidos, ahora además de los juicios hasta se nos respeta por eso”.

El primer juicio de Mendoza empezó a moverse luego de las denuncias de los organismos de derechos humanos contra Luis Francisco Miret y Otilio Romano. Los dos camaristas que integraron el Poder Judicial de la dictadura, que fallaron contra la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron parte del lobby que frenó todo avance de las causas en la provincia. El viernes pasado el fiscal Omar Palermo pidió la indagatoria de ambos por sus actuaciones en la dictadura. Entre otras medidas, ambos habían ordenado la libertad de los represores que hoy son acusados en San Rafael y que fueron detenidos recién hace una semana, días después del comienzo del juicio.

Son Aníbal Alberto Guevara, teniente coronel retirado; Raúl Alberto Ruiz Soppe, jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza en oportunidad de los hechos; José Martín Mussere, oficial de la Policía de Mendoza que actuó de enlace entre fuerzas militares y policiales. También Juan Roberto Labarta, oficial de la Policía de Investigaciones o D2 de San Rafael; Cristóbal Ruiz Pozo, médico de la Policía de Mendoza; Raúl Egea, abogado de la Policía de Mendoza. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, fue separado de esta misma causa por enfrentar otro juicio en Córdoba.

Además de Tripiana, se investiga la desaparición de José Guillermo Berón, militante de Unidades Básicas del Movimiento Peronista y secuestrado el 28 de agosto de 1976 durante una fiesta. Estuvo en la seccional 8 de San Rafael y en la Sección de Bomberos de Tribunales. Roberto Simón Ozorio era empleado de la farmacia de Alberto Martínez Baca, ex gobernador de Mendoza. Lo secuestraron el 25 de marzo de 1976 a las 2.30 de la madrugada, el grupo de tareas estaba integrado por militares, policías y civiles. Ofelia Cejas de Martínez Baca escuchó que a Ozorio lo tenían medio muerto, agonizando en el Hospital Schestakow. Pascual Armando Sandoval pertenecía a la Juventud Peronista. Lo secuestraron el 26 de marzo de 1976 mientras trabajaba en la cosecha de la Finca Antonio Bittar de Colonia Elena, en San Rafael. La madre le llevó comida durante tres días a la Departamental, hasta que le comunicaron que “había sido puesto en libertad”, describe la requisitoria fiscal. Nunca más volvieron a verlo.

“Uno de los principales motivos de las detenciones estaba fundado en razones ideológicas”, indicó el requerimiento fiscal. “En general tenían una concepción política de izquierda ‘radical o sustancial’, si se quiere, en algunos casos o con el ‘peronismo de izquierda’ o ‘centroizquierda’ con sus diversos matices, postura menos extrema.” Tripiana, Ozorio, Sandoval y Berón “presentan una conexión o nexo común que los identifica, esto es: la concepción ideológica, política o gremial que profesaban”. Además de citar las estadísticas de la represión y antecedentes de otras causas, la fiscalía reforzó esa posición con las declaraciones de testigos. La viuda de Martínez Baca, por ejemplo, aseguró que conocía a Tripiana y a su esposa “porque ésta solía comprar en la farmacia de San Rafael” y además porque “era miembro del Partido Peronista”. O el padre de Guillermo Berón explicó que su hijo “era obrero rural, militaba en la Juventud Peronista y su actividad política se desarrollaba dentro de la corriente de opinión contraria a la presidenta señora Estela Martínez de Perón. Es decir que militaba en el peronismo de izquierda”.

En la provincia hubo numerosos centros clandestinos, pero las comisarías ocuparon un lugar muy importante, ya que “si bien eran lugares de tránsito, muchas de las personas fueron sometidas a tormentos”. El paso por las comisarías era parte de la ruta de numerosos detenidos, la mayoría luego era “legalizado” en la Jefatura de Policía o en la Penitenciaría de Mendoza. San Rafael dependía de VIII Brigada de Montaña, y mantuvo esa lógica.

Testigo reconoció a imputado

Sobre la jornada del miércoles 14 compartimos artículo de mediamza.com

Reconocieron a Mussere como "captor y torturador"

Un testigo confirmó que José Martín Mússere fue quien lo secuestró el 28 de abril de 1977. Mússere era enlace entre la Policía y los mandos militares y, al igual que otros tres acusados, está detenido en la cárcel de San Rafael.


Los dos testigos que declararon este miércoles en el juicio oral que se sigue en San Rafael contra cinco ex policías y militares por homicidio y tomentos contra cuatro desaparecidos, reconocieron a José Martín Mússere, quien oficiaba de enlace entre la Policía de Mendoza y los mandos militares, como uno de los jefes que estaba a cargo de las detenciones y torturas.

El debate en donde se investiga la desaparición de Francisco Tripiana, José Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio (todos miembros de la Juventud Peronista de San Rafael), se inició a las 9.30 cuando Luis Barahona, un ex gremialista de la empresa Grassi, que fuera detenido el 28 de abril de 1976, vio una foto de esa época e identificó a Mússere como su captor y torturador.

Según relató el hombre a los miembros del tribunal, Mússere fue quien lo trasladó desde su casa en la ciudad sureña de Malargüe hasta la Municipalidad de San Rafael, donde, aseguró, éste lo golpeó "en reiteradas ocasiones" y "me hizo subir tres escaleras flexionado a los golpes".

Una vez dentro de la sede departamental, Barahona, quien logró recuperar su libertad en junio de 1977 en La Plata, dijo que fue golpeado por un grupo de militares que además lo torturaron con picana en brazos, espalda y testículos, y que a raíz de los golpes recibidos estuvo quince días sin poder comer por si solo.

En un contundente relato, Barahona recordó que cuando estuvo detenido en San Rafael compartió el calabozo con José Berón, quien fue trasladado una noche entre las 0 y la 1 de la mañana y que luego, al igual que sus familiares, nunca más volvieron a verlo.

Asimismo, el testigo recordó que no sólo el y Berón, sino "todos los detenidos fueron golpeados y torturados".

Además de Mússere están acusados Raúl Alberto Ruiz Soppe, quien era jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza; Aníbal Alberto Guevara, quien se desempeñaba como Teniente del Ejército; Juan Roberto Labarta, integrante del D2 en San Rafael; y el abogado Raúl Egea, quien trabajó como abogado de la Policía de
Mendoza.

Los cinco menos Egea, quien está libre y acusado por falsificación de firmas, están detenidos en la cárcel local e imputados por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado por alevosía y asociación ilícita.

Declaró primer testigo

Ayer declaró Haydeé Tripiana e identificó a Aníbal Guevara, uno de los imputados. Les dejamos la nota que sacó El Sol.

La esposa de un desaparecido identificó al represor que lo secuestró

Comenzaron a declarar los testigos en el juicio en San Rafael por las desapariciones durante la dictadura militar. La primera en testimoniar fue Haydé Tripiana, esposa de Francisco, quien fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y de quien no se sabe nada desde el 1 de abril de ese año. Durante su declaración, la mujer identificó a uno de los acusados, Aníbal Guevara, como el encargado de detener esa noche a su marido, ya que es la misma persona que vio días después en un desfile militar.

Haydée comentó que Guevara era el militar que estaba al mando de la detención y quien daba las órdenes. "Todos le respondían a él", expresó. Asimismo, comentó que los soldados que guiaba Guevara, con armas en mano, buscaron papeles y revolvieron las habitaciones pero no encontraron nada. Además, señaló que fueron hasta la habitación de su madre y que le apuntaron también con un arma para despertarla. La mujer relató que llevaron a su marido en la camioneta de la policía hasta Infantería y luego a la Casa Departamental. Tras varios días de llevarle la comida, un guardia le comentó que lo liberaron pero como estaba lloviendo lo subieron a un celular policial y lo dejaron en la puerta de su casa.

Sin embargo, jamás apareció, aunque varias décadas después se comprobó que la firma de Tripiana que figuraba en el acta de libertad había sido falsificada. La desaparición de Tripiana es una de las cuatro que se juzga, junto con la José Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio.

Por otro lado, los acusados se abstuvieron de declarar esta mañana en el juicio que se sigue en su contra, tal como lo habían anticipado, por lo que el tribunal decidió leer las indagatorias anteriores.

En el caso de Juan Labarta se leyó su negativa de haber participado en detenciones y en grupos de tareas. Expresó que nunca estuvo en centros de detención y sólo dijo que durante su paso por el D2 de San Rafael se dedicó a controlar el trabajo de los gremios pero que quedó inactivo tras el golpe de estado, ya que estaban prohibidos los sindicatos. Es más aseguró que fue declarado persona no grata por los militares por la detención de gremialistas.

En el caso de Aníbal Guevara, el tribunal comentó que negó responsabilidades como supuesto segundo jefe y que jamás recibió órdenes por canales ocultos. Asimismó, el acusado declaró anterioremente que sólo participó en dos o tres detenciones y que eran todas órdenes dadas por sus superiores. Además dijo que jamás entró a la Casa Departamental (denunciada como centro de detención).

Sobre Raúl Egea Bernal, los jueces leyeron que se dedicó a firmar actas de libertad y que todo fue ideado por el otro acusado, Raúl Ruiz Soppe, con el fin de proteger a la policía.

Por último, en el caso de José Mussere, el tribunal explicó que se abstuvo de declarar en las dos instancias previas.

De esta manera, el ex jefe de la policía, Raúl Ruiz Soppe, es el único que ha declarado en el juicio por los desaparecidos en San Rafael, y esta mañana, luego de una jornada maratónica ayer de preguntas y respuestas, se dirigió al tribunal y le pidió que se suspendiera su indagatoria por estar "cansado". Por eso, el tribunal prosiguió con las lecturas de las indagatorias a los otros acusados, quienes ya informaron que se abstienen de declarar.

Para mañana está previsto que declare Mariano Tripiana, hijo de Francisco, que sólo tenia ocho meses cuando desapareció su padre pero que ha sido el encargado de investigar durante los últimos años sobre qué fue lo que le ocurrió a la víctima. Asimis, está confirmada la presencia de Luis Barahona, un ex detenido político.

Nota a Mariano Tripiana

Reproducimos nota que salió en el portal mdz on line a Mariano Tripiana, hijo de Francisco Tripiana.

La historia de un desaparecido contada por su hijo

La madrugada del 24 de marzo de 1976, tanto para Haydée Nilda Pérez como para el resto del país comenzaba el momento más triste de sus vidas. Casi a la misma hora en que se consumaba el último golpe de Estado en Argentina, un grupo de tareas conformado por efectivos del Ejército y de la Policía irrumpía en su casa y secuestraba a su esposo. Fue la última vez que lo vio.

No era la primera vez que este tipo de gente entraba a las patadas en la vivienda ubicada en la calle Ortiz de Rosas, entre Segovia y Colón, en San Rafael. Unos días antes del golpe, durante un allanamiento, unos efectivos apartaron a su marido hacia un rincón y hablaron en privado con él. El mensaje fue claro: si quería seguir con vida, si quería seguir viendo a su esposa y su hijo de ocho meses, debía cerrar la boca y olvidarse de su militancia en el Partido Justicialista. Pero ya era demasiado tarde para Francisco Tripiana: su nombre había sido inscripto en una lista negra y su destino estaba en manos de los jefes del aparato represivo.

Francisco Tripiana tenía 33 años cuando se lo llevaron. Le decían “el Negro”, era pintor y tenía una gran ascendencia entre sus pares. Cuentan que era un tipo comprometido con sus ideales, y que por eso quienes lo conocieron lo recuerdan con frecuencia en las reuniones.

“Cada tanto, escucho a sus amigos nombrarlo o ponerlo como ejemplo de tal o cual cosa. Eso me llena de orgullo”, asegura Mariano Tripiana, su hijo, que por estos días vive un momento particular: logró ver en persona a los sospechosos de haber secuestrado, torturado y matado a su papá. Son esos hombres entrados en años y sin signos de arrepentimiento que están siendo juzgados en San Rafael por ser partícipes de cometer delitos de lesa humanidad.

La mañana siguiente en que raptaron a Francisco, su esposa fue hasta las instalaciones de Infantería a llevarle el desayuno. Hizo lo mismo durante varios días, a pesar de que era imposible verlo. Iba y le dejaba comida y saludos de su bebé.

El único momento de esperanza llegó a través de un mensaje un tanto bizarro. Un policía de guardia le contó que su marido había mandado a pedir una pastilla de carbón. Entendió entonces que todavía estaba vivo y que estaba padeciendo una de sus tantas crisis estomacales. En medio de la penuria, esa noticia parecía alentadora.

“Mi mamá pedía por favor que al menos dejaran que mi papá me viera a mí. Ella me contó que, como si yo hubiese entendido lo que pasaba, lloraba todo el día, y que se notaba que extrañaba. Pidió por favor, pero nunca le dieron el gusto”, relata Mariano.

Una mañana el desayuno quedó intacto. Desde los calabozos mandaron a decir que se llevaran la comida y el termo porque el detenido en cuestión no estaba más en ese lugar. Haydée preguntó qué había pasado y la respuesta fue por demás confusa. Le contestaron que Francisco Tripiana había sido liberado y que si no había regresado a su casa no era responsabilidad de ellos.

La mujer desesperó. Comenzó a buscarlo por tribunales, en la Municipalidad, en los hospitales… por todos lados. Nunca lo encontró.

El angustiante periplo de Haydée se potenció cuando un policía la hizo echar de la fábrica en la que trabajaba. No era un policía cualquiera; era su vecino, Daniel López (fallecido), el que una y otra vez insistía, con un cinismo desgarrador, “ya va a aparecer, si lo dejamos en la puerta de la casa”.

La esposa del efectivo completaba el cuadro. De manera confidente sugería que Francisco había decidido marcharse con otra mujer.

“Me gustaría verle la cara ahora. A ver si se hubiese animado repetir eso delante de mi mamá. Desde que empezó el juicio, la veo recordar todo lo que pasó y es muy doloroso. Arruinaron familias por varias generaciones, porque hasta mi hija que tiene 11 años me escribió una carta preguntándome por mi abuelo”, sentencia Mariano.

Y agrega: “Yo era muy chiquito… pero me acuerdo de Turrela, la perra que me cuidaba cuando mi mamá salía a buscar a mi viejo. Como ellos no tenían familia acá, tuvo que hacer todo sola. Me dejaba en la cuna y me cuidaba la perra. Cuando me escuchaban llorar, los vecinos se acercaban para ver si estaba todo bien. Mi vieja estuvo sola todo el tiempo y peleó hasta donde pudo. Hoy por hoy, sé que ella tiene la esperanza de que un día se abra la puerta y sea mi papá”.

Imagenes de una jornada histórica

Algunas imagenes de la jornada histórica del 6 de julio:

COMUNICADO DE PRENSA

COMUNICADO DE PRENSA
1-10/7/7

El “Espacio Memoria Verdad y Justicia- San Rafael” informa que en el cuarto día de las audiencias del debate del Juicio Oral y Público por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico- militar, se produjo un vuelco en el proceso que indudablemente hará historia en San Rafael y todo el sur mendocino. En la audiencia del lunes el Fiscal Dr. Vega pidió el cambio de calificación de las imputaciones formuladas en el requerimiento de elevación a juicio. A ese planteo adhirieron las abogadas de la querella, Dr. Lavado y Cháves.

Los defensores de los imputados se opusieron al cambio e invocando el derecho específico aplicable a los derechos humanos y los precedentes de la Corte Suprema de la Nación y de la Corte Interamericana de DD.HH. pretendieron que sus pupilos fueran juzgados por los delitos de privación de libertad y desaparición forzada de personas, contenidos en el requerimiento inicial.

El tribunal Oral Nro. 2 presidido por el Dr. Roberto Burad en el día de la fecha admitió el planteo del fiscal e imputo a Aníbal Guevara, Raúl Ruiz Soppe, José Martín Mussere y Juan Roberto Labarta los delitos de HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO por tormentos y cometido por más de tres personas, imputándoles también el delito de asociación ilícita. Como consecuencia, y para garantizar la presencia de los procesados durante el debate, ordenó su inmediata detención y alojamiento en la cárcel de San Rafael. Respecto al abogado Raúl Egea Bernal lo mantiene en libertad a pesar de que también se le imputa asociación ilícita. Los defensores pidieron en el día de hoy, la excarcelación que les fue denegada y respecto de la prisión domiciliaria solicitada en subsidio, ordenó formar pieza separada para tramitar la incidencia sin perjuicio de que prosiga el debate oral.

Como consecuencia del cambio de calificación los defensores solicitaron la suspensión del debate por un plazo no menor de diez días. El tribunal hizo lugar a este planteo pero les concedió CINCOS DIAS CORRIDOS. Por lo tanto el debate continua el próximo lunes 12 de julio en que se recibirá indagatoria a Ruiz Soppe – único dispuesto a declarar – y luego se continuará con la recepción de los testimonios según un cronograma de audiencias fijadas hasta el día 25 de agosto. Se receptarán ochenta y ocho testimonios y además se agregará la lectura de los dichos de once testigos fallecidos, que declararon en la instrucción. Están previstas inspecciones judiciales con la presencia de testigos que sufrieron indecibles torturas e inspección de los lugares donde estuvieron privados de su libertad y sometidos a tormentos.

Decimos que es un hecho histórico porque los cuatro represores que hoy ingresaron a la cárcel común estaban en libertad por haberlo así resuelto la Cámara Federal de Mendoza, ratificada tal resolución por la Cámara de Casación Penal. Estuvieron dos años algunos y unos meses otros en prisión, recuperando todos su libertad en Julio del 2008. Desde entonces, incontables planteos de la defensa dilataron el proceso hasta ahora y sin duda no se habría concretado el debate, de no mediar la especial diligencia del Tribunal. Cabe recordar que el once de marzo del 2010 estaba previsto un juicio similar en el Tribunal Oral Nro. 1 de la ciudad de Mendoza que se frustró por la recusación de los magistrados.


Por un bicentenario sin impunidad
“Las heridas de los pueblos se curan con JUSTICIA”.

Integran el “ESPACIO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA” (San Rafael) a la fecha: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Filial San Rafael, Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Partido Comunista Revolucionario –JCR, Proyecto Sur, Partido Comunista- FJC, Asamblea Pequeñas y Medianas Empresas, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (Regional Cuyo), Agrupación 24 de Febrero, Agrupación 4 de Abril, A.T.E, SITEA, C.T.A, Comisión de la Memoria de los Empleados del Banco Nación, Asociación Ex-Presos por Razones Políticas, Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos, CCC, Casa de la Memoria (Mendoza) , Biblioteca Jaime De Nevares de Malargue, Ciudadanos independientes (varias firmas).

En la carcel durante el juicio y se reanuda el lunes 12

Copiamos nota publicada en el CIJ (Centro de Información Judicial - Agencia de noticias del poder judicial)

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza retomará el próximo lunes las audiencias en el juicio oral que se lleva adelante en esa ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Ese día, los jueces Roberto Julio Naciff, Héctor Fabián Cortés y Jorge Roberto Burad reiniciarán el debate en el que son juzgados Anibal Alberto Guevara Molina (teniente del Ejército), Raúl Alberto Ruiz Soppe (jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza), Juan Roberto Labarta Sánchez (oficial de la Policía de Investigaciones “D 2”), José Martín Mussere Quintero (oficial de la Policía de Mendoza) y Raúl Egea Bernal (abogado de la Policía de Mendoza).

En tanto, en la audiencia de este martes, el tribunal ordenó la inmediata detención y su traslado a la cárcel los imputados Guevara Molina, Ruiz Soppe, Labarta Sánchez y Mussere Quintero. Los jueces tomaron esa decisión luego de hacer lugar a un pedido de la Fiscalía de agregar los delitos de "imposición de tormentos agravados, homicidio calificado por alevosía y asociación ilícita", al de privación ilegítima de la libertad por el que se sustanciaba el juicio hasta el viernes.

El debate comenzó el jueves pasado y se investigan crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de cuatro víctimas.


La situación de Menéndez

En el caso del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, el tribunal decidió separarlo del debate porque, desde el último viernes, afronta otro debate por crímenes contra los derechos humanos, en este caso en la provincia de Córdoba.

El tribunal prevé juzgar al ex comandante en otro debate con fecha aún no fijada.

Algunos titulares

Ayer fue un día importante en el marco del juicio que se está llevando a cabo en la UNCuyo y que estamos siguiendo en este espacio. Como habrán observado, en el margen derecho de la página vamos subiendo las notas periodisticas que salen día tras día en medios locales, como así también provinciales y nacionales.

En este caso les proponemos tres lecturas para estar al tanto de las últimas novedades que se han producido en el día de ayer:

1. Prosperó acusación por homicidio
Ayer en el portal MDZ On line a "El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza aceptó este martes el pedido de ampliación de la acusación contra cuatro de los cinco imputados que son juzgados actualmente en San Rafael por haber cometidos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar".
NOTA COMPLETA

2. Cambio de carátula
Página/12 de hoy confirma que los jueces "ampliaron las acusaciones de los imputados a privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado por alevosía y asociación ilícita" . Lógicamente está dando mayor repercusión al juicio que se está llevando a cabo en Córdoba pero también hace eco de lo sucedido ayer en la UNCuyo:
NOTA COMPLETA


3. Imputados detenidos El Diario Los Andes comenta que "Con aplausos y ruido de bombos que portaban, familiares de desaparecidos celebraron ayer la decisión del Tribunal Penal Federal N°2, presidido por Roberto Burad, de ordenar la inmediata detención y su traslado a la cárcel de cuatro de los cinco imputados por delitos de lesa humanidad que son juzgados en San Rafael. Permanecían en libertad debido a una orden de la Cámara Federal de Mendoza que dispuso su excarcelación en 2008, luego de que habían estado detenidos por orden del juez federal Raúl Acosta desde el 3 de octubre de 2006."
NOTA COMPLETA

Testimonios en la apertura de los juicios a represores en Mendoza

Les dejamos un artículo que sacan hoy los compañeros de ANRED

Durante las dos primeras jornadas distintas organizaciones de DDHH, familiares, gremios, organizaciones sociales y políticas; se hicieron presentes en la puerta de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, donde ha improvisado el recinto donde se llevan adelante las cuatro causas que implican a 7 represores del ejército y de la policía de la provincia de Mendoza. Las voces se multiplican en el pedido de perpetua y cárcel común y efectiva a quienes están acusados en estas causas. Dentro del aula, las caras de perplejidad y la impostación de inocencia por parte de los represores. Afuera, las voces de denuncia y de pedido de justicia. A continuación, algunas de las voces presentes en estas dos primeras jornadas de los juicios en Mendoza.


Mariano Tripiana (hijo del desaparecido Francisco Tripiana) “Estoy muy contento por momentos. Por otros veo a los cinco imputados ahí enfrente y que no me dieron la oportunidad de estar con mi padre. Espero que lleguemos a una sentencia justa: cárcel común y cadena; que ellos también puedan quebrarse y romper el pacto de silencio y decir dónde están nuestros viejos, nuestros hermanos porque los estamos buscando”

“Sabíamos que no iba a estar presente. Seguiremos con los que están. Han muerto muchos, como López, que vivía enfrente de la casa de mi papá y hubiese sido muy satisfactorio verlo en el banquillo. Ellos jugaron y torturaron psicológicamente a mi madre, diciéndole la esposa de López: seguramente se ha ido con otra, no lo esperes más. Me hubiese gustado que estuviera acá pero murió y esto sigue por la memoria, la verdad y la justicia”

“Tengo mucha confianza en la justicia que tenemos, más allá que algunos camaristas dejaron en libertad en su momento a toda esta gente que hoy está siendo juzgada, no olvidemos que muchos de ellos son parte de esa inseguridad que vivimos, esta gente fue dejada libre y no se dijo nada. Las cosas han cambiado mucho y esto es una puerta para que se juzgue en Mendoza capital a los represores. Es importante lo que pasa acá en San Rafael porque abre una nueva etapa en los juicios aquí en Mendoza”.

Daniel Sandoval (Hermano del desaparecido de Pascual Sandoval):

“Tengo un hermano y un primo que no ha sido denunciado como desaparecido por la familia. Aparte de la amargura que tengo, voy a empezar a dormir tranquilo cuando todo esto termine. El sufrimiento de un hermano o de una familia destruida con cuatro hijos, a mi madre y a mi padre que se fue y no pudieron saber dónde está su hijo”.

“Esto va a ser bueno para que la juventud. Para que la juventud se pueda expresar, más allá de las ideas que tengan, porque las ideas no se matan”.

“Se mató gente inocente. Mi hermano estudió hasta tercer grado, era analfabeto. ¿Qué les podía molestar a ellos? Lo que a ellos les molestaba que fuéramos a ayudar a los humildes, ir a estar con la gente humilde”

Juan Carlos Berón (Hermano del desaparecido José Guillermo Berón Llanos):

“Creo que es un principio de un cambio de un montón de cosas que han sucedido. Acá en San Rafael, si bien la mayoría de las personas estaban en conocimiento de lo que había pasado no creían en eso. Pero esto ha permitido que sea creíble a partir de los juicios”.

“Va a traer el esclarecimiento definitivo para que nunca más ocurran este tipo de cosas. Además que se termine la arrogancia, la prebenda, la mentira de que los que manejaron la justicia bajo un gobierno de facto ha sido buena. Nada que ha sido impuesto0 a la fuerza ha sido buena. Buscamos equidad, justicia para que hay un cambio en las conciencias de la gente”.



Miriam Zambrini (Presidenta Asamblea Permanente de DH-San Rafael):

“Comenzaron los juicios. En principio parece estar todo muy calmo, muy indiferente por parte de los imputados. Ha sido muy fácil en muchos años acordarse de sus nombres pero cuesta verlos de frente con esa indiferencia. Te miran como diciendo: ¿yo hice todo eso que me están leyendo? Pero es lo esperado, es una estrategia. Hemos llevado muchos años de lucha para que esto sea así, podríamos haber tomado con todos nuestros sentimientos otros caminos y nunca lo hicimos. Vamos a esperar la justicia y estimamos que las condenas van a ser fuertes. No pueden ser de otra manera”.

“No se puede cerrar la historia sin justicia, porque estaríamos construyendo sobre la misma historia: donde para algunos impunidad y para otros hay condenas. Esto es romper un concepto constitutivo de una sociedad que tiene que ser diferente y es poner a cada uno en su lugar. Que las cárceles no estén llenas de pobres, de chicos inocentes. Que las cárceles estén llenas de asesinos que están vinculados con fuertes poderes económicos”.

“Los jóvenes son los que les quieren poner el cuerpo a la justicia y quieren que realmente le cuenten parte de la historia. Creemos que es mucho más fácil construir con justicia y construir con valores que no tienen que ver con la impunidad. Contrariamente tienen que ver con valores que tienen que ver con lo económico y ético, con las relaciones de poder económico. El origen de la dictadura fue establecer un sistema de relaciones económicas, que hoy todavía todos estamos pagando las consecuencias. Esto es lo que aun cuesta entender; es que hay sectores que no fueron directamente afectados y no pueden entender que todavía todos estamos pagando las consecuencias de ese sistema que se implementó”.

Miguel Olivares (Colectivo de trabajo La Coope-San Rafael):

“Como colectivo apoyamos los juicios y hemos sacado una revista que cuenta sobre los juicios, sobre la vida de los militantes acá en San Rafael. Lógicamente apoyando la lucha que sigue en los barrios, apoyando y llevando adelante la lucha por la que murieron nuestros militantes”.

“Creemos que estos juicios son un proceso que se están dando en América Latina y sobre todo en Argentina. El kirchnerismo se apropió de algún modo, pero creemos que es un proceso que se está dando en el pueblo, de base. Debemos apoyar y no quedarnos con esto que los derechos humanos son del kirchnerismo. Son de las Abuelas, de las Madres; hay que apoyarlas y aprovechar esta circunstancia política pero hay que seguirla más allá del kirchnerismo. Si el año que viene entra alguien más de derecha hay que apoyar los juicios igualmente”.

Espacio Memoria-Verdad-Justicia: “Ha abierto un espacio de diálogo político entre organizaciones sociales y sindicales. Ha planteado el compromiso de apoyo entre ambos sectores. Un lugar para debatir a favor de los trabajos de base de los trabajadores y apoyar a las Madres”.

Raquel Blas (Secretaria General ATE Mendoza):

“En Mendoza esto se transforma en un hecho histórico porque ha sido fruto de una gran pelea. Nosotros sabemos, conocemos y reivindicamos que nuestros compañeros desaparecidos, una gran mayoría de ellos eran delegados y activistas: gremiales sindicales y políticos. Plenamente comprometidos con la lucha y el movimiento obrero independiente y autónoma, con los ideales de un país mucho más justo que el que tenemos hoy; muchas de sus luchas las seguimos sosteniendo, porque hoy se están juzgando a quienes dieron las órdenes de muerte. Para nosotros en primer lugar, es un paso adelante que estos juicios comiencen, más allá que siempre vamos a decir que estas causas deberían haber sido por genocidio, pero es un hecho histórico, hay que bancarlo y hay que seguir”.

“Si nosotros vemos lo que pasó con la estatización de la deuda externa y lo que ocasionó a nuestro país, tendríamos que estar sentando en ese banco a Cavallo, Martínez de Hoz, a varios grupos empresarios, a dirigentes de la UIA; en fin, varios que todavía hoy se siguen manteniéndose en los mismos lugar y ejecutando el mismo proyecto político. Aparte de esto, creo que nos resta el compromiso fundamental, el terminar el proceso de transformación por el que lucharon nuestros compañeros. Porque en realidad hoy en este país, seguimos teniendo a nuestros jubilados muertos de hambre, los trabajadores con salarios por debajo de la canasta familiar, un montón de pibes excluidos, una salud que no llega a todos, los recursos naturales que se están extranjerizando. Nuestros compañeros no dejaron sus vidas para que nosotros no seamos capaces de levantar esas banderas y llevarlas hacia delante. Esto puede ser el principio de una etapa pero nunca el final como algunos están planteando”.

Jorge Rivamar (Corriente Clasista y Combativa)

“El deseo de justicia y que los milicos vende-patria vayan a la cárcel., una cárcel común y efectiva. Esto me ha traído aquí, al igual que a muchos pibes de organizaciones sociales y populares que conforman el espacio de Memoria, Verdad y Justicia”

“Es un trabajo que hemos planteado con los secundarios, hemos organizado charlas-debates para acercar generaciones de los hijos desaparecidos. Hemos programado proyectar lunes, martes y miércoles; que son los días en los cuales se llevan adelante los juicios.