Un cielo mucho mas claro

Finalmente concluyó el juicio con una sentencia favorable. Prisión perpetua para los genocidas Guevara, Ruiz Soppe y Labarta y ocho años para Egea Bernal. Todos a cárcel común.


"Los pueblos pueden vivir con hambre, pero no pueden subsistir sin justicia", dijo el Dr. Jorge Burad finalizado el juicio

Luego de más de 4 meses, más de 100 testigos y 50 jornadas de debate, entre lágrimas y euforia pasó el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en Mendoza, una de las pocas provincias del país que hasta ayer, no tenía condenados por ese tipo de crímenes.

Si bien el paradero de los cuerpos de Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Berón sigue siendo un misterio, con la condena de los cuatro imputados sus familiares y las agrupaciones de derechos humanos que participaron activamente de este juicio consiguieron el otro de los objetivos planteados: “justicia”.

Ayer finalizó este proceso jurídico con una sentencia que dejó lágrimas de un lado y rostros felices del otro. El aula magna de la FCAI se llenó concurrentes de las dos partes, sobre todo de miembros de agrupaciones de derechos humanos, del Partido Comunista y del Partido Justicialista. Autoridades del Ejecutivo y el Legislativo Municipal acompañaron esta última jornada de debate, la número 50.

Imágenes de los desaparecidos, en alto, al momento en que hicieron ingreso a la sala de la FaCAI los cuatro imputados.

El Tribunal Federal Oral Nº2 en la voz de su Presidente, Dr. Jorge Burad pronunció el fallo, condenando al ex comisario Raúl Alberto Ruiz Soppe a la pena de prisión perpetua e inhabilitación perpetua e inhabilitación perpetua por encontrarlo como autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, en concurso ideal con el delito de tormentos agravada por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en concurso real con el delito de homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, todo lo anterior en concurso real y en relación a las desapariciones forzadas de Tripiana, Osorio y Sandoval, todo a su vez en concurso real con el delito de falsedad material de documento público.

El Teniente Coronel (RE) Aníbal Guevara fue condenado a la pena de prisión perpetua por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad respecto de Tripiana, Osorio y Sandoval con la agravante, y en relación a José Berón en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en concurso real con el delito de homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, por cuatro hechos en concurso real el relación a la desaparición de Sandoval, Osorio, Tripiana y Berón.

El Tribunal condenó también a Juan Labarta a la pena de prisión perpetua por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad respecto de Tripiana, Osorio y Sandoval con la agravante, y en relación a José Berón en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en concurso real con el delito de homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, por cuatro hechos en concurso real el relación a la desaparición de Sandoval, Osorio, Tripiana y Berón.

Al abogado Raúl Egea Bernal el Tribunal lo condenó a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la condena por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de falsedad material de instrumento público, por un hecho en relación a Francisco Tripiana y con el delitos de falsedad ideológica en cuatro hechos: Tripiana, Osorio, Sandoval y Berón en concurso real calificándolos como delitos de lesa humanidad. Egea era el único de los imputados que estaba en libertad, pero la misma fue revocada y se ordenó su inmediata detención.

Los condenados, tras escuchar la sentencia del Tribunal.

Se dispuso que los condenados cumplan la pena privativa de la libertad en cárceles comunes, rechazando las solicitudes de prisión domiciliaria formulada por la defensa de Ruiz Soppe. Serán alojados en la penitenciaría provincial en Mendoza sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Juez de ejecución penal.

Se extrajo testimonio de las actas de debate oral y copia certificada de esa causa tal como fuera solicitado al concretar la acusación tanto por los querellantes como por los fiscales federales, poniendo todo ello en conocimiento de la Fiscalía Federal a los efectos de que ejerzan según su criterio las acciones públicas que estime corresponder en relación a: Pierino David Massaccesi, Pedro Carrió López, Oscar Pérez, Tomás Roca García, Orlando Gutiérrez, Braulio Navarro Chirino, Hugo Trentini, Miguel Ruiz Sabés, Daniel Huajardo, José Miguel Ruiz Pozo y Franco Revérberi. Además para que revise los lugares señalados por varios testigos como presuntos enterratorios de los cuerpos de desaparecidos.

La sentencia está firmada por los tres jueces, Doctores Roberto Nacif, Héctor Cortez y Roberto Jorge Burad. El 15 de diciembre se hará lectura de los fundamentos.


El Presidente del Tribunal finalizó pidiendo que el respeto que han reclamado tanto los familiares de las víctimas sea devuelto con dignidad a los que hoy han sido condenados. El público pasó varios minutos aplaudiendo, a alguno también insultó a los condenados. Luego cantaron a capella el Himno Nacional Argentino, mientras los familiares de los imputados se retiraron de la sala.

Ya afuera del aula magna, distintos medios de comunicación de San Rafael, Mendoza y Buenos Aires se acercaron a algunos de los “protagonista de esta historia”. El querellante Dr. Diego Lavado dijo entre otras cosas “son esos hitos en la vida profesional de una persona que no son fácil repetirlos ni valorarlos. Lo empezaremos a apreciar a partir de mañana”. Lavado será también querellante en otro juicio similar.

El hijo del desaparecido Francisco Tripiana, Mariano, muy emocionado dijo estar conforme con la sentencia y con la Justicia. “Para mí y para mi familia fue muy importante tener justicia en memoria de mi viejo que esté donde esté su cuerpo hacemos esta lucha por él y por todos los compañeros desaparecidos”. Agradeció a San Rafael por el acompañamiento. “Esto es una victoria de la lucha de los organismos de derechos humanos”. Aseguró que su familia fue su sostén en este proceso.

El Fiscal Dr. Dante Vega habló de este juicio histórico asegurando que “se demostró que en San Rafael hubo un plan criminal al igual que en todo el país”. Conforme con la sentencia, manifestó que si bien el Tribunal no consideró la figura de “asociación ilícita”, está bien que se haya considerado una vez más, como en otros lugares del país, a la desaparición forzada como homicidio agravado. “Quedó demostrado que hubo un circuito del terror en esta ciudad”.

El Director de Cultura de San Rafael, Dr. Guillermo Romano se mostró feliz por la condena. “Si ellos hubiesen actuado con justicia probablemente hoy ya tendríamos hasta olvidada toda esta etapa infame”. Agradeció al Gobierno Nacional por la posibilidad de estos juicios. “Estos compañeros que fueron matados no querían entregar la vida, amaban la vida y nadie quería entregarla. Queríamos un mundo más feliz, igualitario y donde todos tuvieran más posibilidades”, dijo y finalizó “a pesar del dolor también es un momento de alegría”.

El Presidente del Tribunal, Dr. Roberto Jorge Burad se mostró conforme con el desarrollo del debate. Dijo que “la generación de 1983 en adelante es la única en toda la historia argentina que vivió en democracia, sistema que tiene defectos, pero hay que erradicar las falencias, nunca la democracia, porque es lo que nos ha permitido este juicio después de 34 años”. Agrego que “ha sido un juicio donde el respeto mutuo de las partes se pudo desarrollar bien. Lo importante no es tanto la sentencia en sí misma, sino que estamos viviendo en Estado de Derecho, muy por el contrario que en la dictadura. Hay que preservarlo porque en él hay garantías. Los pueblos pueden vivir con hambre, pero no pueden subsistir sin justicia. Cuando hay justicia hay dignidad y hay derechos que defender”. Explicó que “los jueces no son más que el pálido reflejo de una lucha inmensa que hicieron los organismos de derechos humanos para lograr que se estableciera la cordialidad y el respeto mutuo para averiguar la verdad”.

Innumerables banderas que día a día colgaron los familiares y compañeros de las víctimas decían “las heridas de los pueblos se curan con justicia”. Quizás desde ayer, el pueblo sanrafaelino curó una herida, una menos entre las tantas que quedan por curar.





Vigilia 15/10

“Esperamos perpetua en cárcel común”, dijo Mariano Tripiana en la vigilia por la sentencia

Hoy finalmente es la sentencia por el juicio que se desarrolló en San Rafael -primero de la provincia- . Les dejamos nota que sacó mediamza.com sobre la vigilia de ayer.

En la Av. San Martín entre Alsina y Belgrano se montó un escenario frente a la FCAI de la UNCuyo, en el que varias bandas tocaron en la vigilia de lo que será “un día histórico” para San Rafael.

Estuvieron presentes la Concejal Rebolledo, el Director de Cultura Dr. Guillermo Romano (foto), otros funcionarios municipales, miembros de agrupaciones de derechos humanos, agrupaciones de Izquierda y familiares de desaparecidos.

Uno de los principales referentes de estas agrupaciones es el hijo del desaparecido Francisco Tripiana, Mariano (foto), quien se mostró un tanto ansioso por la lectura de la sentencia. “Lo más importante de todo esto es que después de 34 años la Justicia estuvo en San Rafael. Se puede condenar a estos genocidas que siguen guardando un pacto de silencio”, dijo y destacó la importancia que tuvo teniendo en cuenta que fue el primero de la provincia. “La Sentencia social ya está, pero esperamos cadena perpetua en cárcel común. Tengo mucha confianza en la Justicia”, remarcó.

Con respecto a la vigilia, ante todo Tripiana agradeció a los vecinos por dejarlos realizar ese concierto en la calle. Luego del mismo los jóvenes desarmaron el escenario y pintaron pañuelos (los que simbolizan a Madres de Plaza de Mayo) en la calzada. “Queremos dejar marcado este lugar que quedó marcado en nuestro corazón, en nuestra lucha y en lo que hemos venido trabajando”, dijo.





ESPERANDO LA SENTENCIA

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ESPERANDO LA SENTENCIA


LUNES 15 de Noviembre desde las 20hs hasta las 24hs

Festival de Música por la Memoria y la Justicia

Dr. Kumalo
Bosque Gris
La Mayeutica
El Enredo

LAS BANDAS TOCARAN delante de la UNCuyo.

Vigilia por sentencia - Nota en mediamza.com

Derechos humanos: vigilia por la sentencia



El próximo martes 16 a las 19:30 hs. en el aula magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, será la lectura de la sentencia a los imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad: Raúl Ruiz Soppe, Aníbal Guevara, Juan Labarta y Raúl Egea Bernal.

Quienes más han seguido este juicio son los familiares de las víctimas (Tripiana, Osorio, Sandoval y Berón), junto a compañeros de distintas agrupaciones. Organizaron una serie de actividades en la espera de la sentencia desde el día antes del último día de debate.

Mariano Tripiana, hijo de uno de los desaparecidos, refirió que el lunes 15 a las 20 horas, frente al aula de la facultad donde se desarrolló el juicio, por Av. San Martín, se armará un escenario (para lo cual se cortará la calle). En él habrá actividades artísticas, como danzas y bandas de música. La convocatoria es para todo aquel que quiera participar. Será hasta las 0 hs. y luego de una vigilia por unas horas más, se irán para volver ya el martes a esperar la sentencia con más actividades.

Tripiana dijo además que ya han confirmado la llegada a San Rafael de agrupaciones de derechos humanos de otras ciudades de Mendoza y de otras provincias, así como medios de comunicación. Probablemente se acerque algún integrante de “Abuelas de Plaza de Mayo” y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Aseguró que la sensación que le dejó el juicio fue “muy sanadora y más allá del pacto de silencio de esta gente, tanto de los imputados como de los civiles y aportaron a la dictadura y que sigue siendo terrorismo, fue importante que los compañeros que fueron torturados pudieran contarle lo que les pasó ante un tribunal”. Criticó duramente que Tribunales de San Rafael haya sido inéditamente un lugar de detención y tortura, y que a pesar de que muchos lo veían, nadie hizo nada.

Mediamza.com le preguntó a Mariano Tripiana si van a aceptar cualquier decisión del Tribunal Oral Federal nº2 constituido por los doctores Jorge Roberto Burad (Presidente), Roberto Julio Nacif y Héctor Fabián Cortés. Contestó “sí, porque esperamos que la Justicia actúe y agradecemos que esté en San Rafael de esta manera después de 34 años de impunidad que les tocó a esta gente. Vino un grupo de abogados que defiende militares diciendo que el gobierno de turno estaba haciendo un golpe de Estado y toda esa gente no viene a defender a los imputados sino que viene a hacer política de sus golpes de Estado y seguramente lo volverían a hacer. Siguen instando a la violencia.
Nosotros esperamos una buena sentencia. La justicia hoy tiene la oportunidad de existir y para eso pedimos, como siempre, memoria, verdad y justicia, y por sobre toda las cosas, que esta gente tenga cárcel común y que pague lo que han hecho”. Agregó que tienen esperanza de que los imputados hablen alguna vez y digan dónde están los cuerpos de sus familiares.

La Presidente de APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos San Rafael) y en nombre del Espacio Memoria Verdad y Justicia Miriam Zambrini manifestó su agradecimiento a la juventud que apoyó permanentemente “ha sido profundamente relevante, nadie esperaba de este juicio lo que ha ocurrido, y lo mejor que nos pasó fue en la audiencia porque nos aprendimos a conocer, a querer y a contenernos con un abrazo o un silencio”, dijo. Además sostuvo que más allá de la sentencia del Tribunal y respetando todas las garantías del debido proceso “sentimos que se dictaminará una sentencia acorde a derecho. Hemos asumido la nuestra: los compañeros fueron cruelmente desaparecidos, detenidos, torturados y sus familias estuvieron 34 años en silencio. Confiamos en la Justicia”.

Jornada 4/11 - sentencia el 16

Finalizaron los alegatos y el 16 de noviembre se conocería la sentencia a represores

El lunes empezaron a alegar los abogados defensores del ex teniente Aníbal Guevara y le siguieron los de los ex policías Labarta, Ruiz Soppe y el abogado Egea.

La defensa de Guevara pidió la absolución del militar ya que entienden que “no hay pruebas para inculparlo de los gravísimos delitos que se le imputan” dado que no habría sido reconocido por ninguno de los testigos que desfilaron ante el estrado y recordaron que en 1976 su defendido tenía 24 años.
Rufino Troyano, abogado de Ruiz Soppe, exculpó a su defendido afirmando que obedecía órdenes de los militares comandados por el mayor Suárez.

Cabe recordar que los abogados de la Querella habían pedido prisión perpetua para Labarta, Ruiz Soppe y Guevara, y 12 años de prisión para Egea, en tanto la Fiscalía pidió prisión perpetua para los tres primeros y para Egea 6 años.

La siguiente jornada del juicio comenzó con los alegatos de Ramiro Dylon, defensor del policía Juan Labarta y del abogado Raúl Egea Bernal quien afirmó que no quedó claro cuál es el delito puntual que se les imputa a sus defendidos y pidió que se libre compulsa contra algunos testigos cuyas declaraciones los perjudicaron.

Finalizados los alegatos, el presidente del Tribunal, Jorge Burad, estableció un cuarto intermedio para que los representantes de la Querella y la Fiscalía prepararan su réplica a los dichos de los defensores de los cuatro imputados, el último de los cuales pidió la nulidad de esos alegatos.

Cumplida esta instancia, el Tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 16 de noviembre, cuando se dará lectura a la sentencia al celebrarse la audiencia número 50 del juicio.

Patético: San Emeterio pidió justicia y la absolución del ex Teniente Guevara


San Emeterio pidió justicia y la absolución del ex Teniente Guevara

Más de 30 personas estuvieron esta mañana en la sala de debate del juicio acompañando al ex Teniente Coronel Aníbal Guevara. Familiares, amigos y ex compañeros junto a un grupo de abogados nucleados en una flamante asociación que considera que estos son “juicios políticos”, y que darán una conferencia esta tarde en nuestra ciudad.

Siguiendo con el alegato de los defensores de Guevara que comenzó ayer, el Dr. Ricardo Curuchet basó sus argumentos en los innumerables testigos que han pasado por el debate y no conocían ni siquiera de nombre al entonces teniente. Hubo otros que sí oyeron su nombre, a los que “les dijeron que era Guevara”, pero que no lo reconocieron en las fotos de esa época que se les mostraron.

Este abogado pidió que se extraiga compulsa por falso testimonio a Aldo Soto, un testigo que se presentó espontáneamente como un torturado, pero que se contradijo en cuanto a fechas. Dijo haber visto a Guevara una vez, pero luego no lo reconoció en las fotos. Otro testigo cuyo testimonio desprende el nombre del teniente es el de Roberto Florencio Reyes Aramayo, que dijo que “lo vio una vez en una formación en la Catedral durante un acto llevando la bandara”, pero según explicó el Dr. Curuchet, el oficial que lleva la bandera es el más moderno.

Según Aramayo, en 1967 alrededor de 20 rangers norteamericanos y un número similar de militares argentinos dieron un curso antiguerrillero en Salta, donde aparecieron focos de subversión por la época. Allí, según explicó Reyes: “Nos enseñaron a interrogar a través de la tortura”. “Aramayo tiene alguna deficiencia mental, por eso no vamos a pedir compulsa en su contra”, dijo al respecto el abogado defensor.

Nombró además al ex Comisario Trentini, ahora procesado por delitos de lesa humanidad, que en este juicio afirmó “no haber visto nunca a Guevara”, a pesar de haber formado parte activa en la fuerza.

En su alegato, Curuchet recordó a un testigo que había declarado haber visto al teniente cuando a Juan Carlos Castro le hacían el llamado “submarino húmedo” metiéndole y sacándole la cabeza en un balde con agua. Al respecto el abogado hizo una polémica declaración, cuando dijo al Tribunal y a las partes que “deberían haber hecho la prueba, porque si se le mete la cabeza a alguien en un balde, la 1º vez se sale toda el agua”.


El Dr. Eduardo San Emeterio terminó el alegato diciendo: “pedimos justicia, no aquella que castigue las manos y las mentes asesinas sino la justicia histórica, la justicia de los derechos humanos que siempre nos fue negada. Aquella que aleccione a las nuevas generaciones sobre la verdadera historia. Si esa justicia algún día llega servirá para darles sentidos a nuestras muertes y a la de muchos que cayeron igual que nosotros”.

“Excelentísimo Tribunal, hace ya 45 años, este defensor, siendo un joven de 16 años hizo un juramento irrenunciable a mi patria, el de seguir constantemente a mi bandera y defenderla hasta perder la vida, junto conmigo el Teniente Coronel Guevara y muchos de los que hoy están injustamente privados de su libertad hicieron ese mismo juramento. Ellos lo cumplieron, muchos ofrendando lo más valioso que tenían: sus vidas, y en algunos casos la vida de sus hijos como en el caso del Capitán Viola”.

“Hoy mi juramento es distino, lo he hecho como abogado, y como tal juré respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y sus leyes. La lucha por la justicia es ahora mi lucha. Este Poder Ejecutivo viola constantemente la Justicia, la viola intimidando, amenazando y persiguiendo a jueces a quienes denuncian por el contenido de sus sentencias exclusivamente, en tanto que sean contrarias a sus pretensiones, ideologías e intereses”.

“Un antiguo adagio nos previene y nos alarma, ‘quien no se inquieta ante la injusticia, ajena será su próxima víctima’. En tanto que otro nos enseña que ‘si malo es judicializar la política, significativamente peor es politizar la justicia’. Conduce a la muerte del derecho, al fin de la conquista de las maneras civilizadas que conquistan el Estado de derecho”.

“El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de Justicia cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. La Justicia es ética, es la constante voluntad de dare a cada uno lo que es suyo, es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace respetar todos los derechos de los demás. Cuando en un país se rompe el equilibrio entre la potestad, la autoridad y el imperio oscilan entre el defecto y el exceso de poder. Que las leyes se violen arriba y abajo con alarmante frecuencia y que salga a la vista el empeño por destruir a las Fuerzas Armadas y de seguridad no nos dicen sólo que no solo la potestad de este Tribunal y el imperio del Estado Nacional se han vuelto muy precarios. Está en ustedes señores jueces reestablecer el orden dentros de su competencia”.

“Nuestros defendidos están siendo sometidos a un juicio político y como tal son verdaderos presos políticos".

“Como conocedor del derecho viene esta defensa específicamente y especialmente a exigirles que apliquen el derecho, pero que el derecho se aplique con justicia. Juzguen con ecuanimidad e igualdad. Honren su investidura señores jueces, ejerzan su potestad que ha sido tan mancillada durante todo este proceso, no en este proceso penal sino en el proceso general político que vive nuestro país. Busquen la verdad, la Constitución les ha dado el poder para ello señores jueces, les pedimos ‘no la defrauden’, y en virtud de todo esto, esta defensa nuevamente va a pedir la absolución de nuestro asistido ya que no existe en la causa el más mínimo elemento para imputarle acción ilegal o ilegítima alguna”.

Finalizado esto, y luego de un cuarto intermedio comenzó el alegato del defensor del ex Comisario Raúl Alberto Ruiz Soppe, Dr. Rufino Troyano. El abogado contó primeramente que en el proceso militar se fue de Tribunales, donde trabajaba porque se enteró de irregularidades en la justicia. Con ello pretendió decir que si defiende a Ruiz Soppe es porque verdaderamente lo considera inocente. “Es incapaz de pegarle un bofetón a nadie”, aseguró.

Como lo hicieron los otros defensores, también se situó primero en el contexto histórico del San Rafael y de la Argentina de aquellos años. Luego fue relatando las diferentes órdenes que había desde el gobierno para que la policía se pusiera a disposición del ejército.


Hay que recordar que Soppe fue el único de los imputados que declaró en el debate. Siempre argumentó su desconocimiento de lo que ocurría y aseguró que si alguien le hubiera dicho algo de lo que pasaba, él hubiera tomado cartas en el asunto. Lamentó haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, y se consideró a sí mismo una víctima de superiores que lo llevaron a donde esta: el banquillo de los acusados.

Su abogado, basó su defensa en el hecho de que Ruiz Soppe, aún siendo comisario, era el comisario de una ciudad donde mandaban los militares. Sostuvo que ese policía sólo recibía órdenes y que bajo ningún punto de vista estaba en condiciones de discutir la más mínima. Por eso pidió, al igual que San Emeterio con Guevara, la absolución de culpa y cargo a favor de su defendido. También pidió la no aplicación de la figura de lesa humanidad puesto que es un tipo aceptado por las leyes argentinas, posterior a los hechos que se investigan en esta causa.

Mañana será el turno de alegar del Dr. Dylon, defensor del policía Juan Labarta y del abogado Raúl Egea Bernal. Después el Tribunal Oral II se tomará un tiempo prudencial para dictar sentencia.


FUENTE: mediamza.com

Jornada 26/10


Los fiscales pidieron prisión perpetua para cuatro acusados


Al culminar sus extensos alegatos, los integrantes de la Fiscalía solicitaron las condenas para los imputados por las desapariciones de personas ocurridas en San Rafael durante 1976.

A mediodía de hoy, los fiscales Francisco Maldonado y Dante Vega presentaron sus últimos argumentos para fundamentar el perido de prisión perpetua para los imputados que quedan con vida en este juicio: el ex General Luciano Benjamín Menéndez, y el ex teniente del Ejército Argentino Aníbal Guevara; así como también a ex integrantes de la Policía de la Provincia de Mendoza, el comisario retirado Raúl Alberto Ruiz Soppe y Juan Labarta, como ex integrante del grupo de inteligencia policial conocido como D 2.

Sobre ellos pesa la acusación de comisión de los siguientes delitos: privación ilegítima de la libertad, homicidio con alevosía, aplicación de tormentos, falsedad ideológica y asociación ilícita, delitos de lesa humanidad por la desaparición y muerte de los ex militantes peronistas Pascual Sandoval, José Guillermo Berón, Roberto Osorio y Francisco Tripiana.

Para el abogado Raúl Egea Bernal, acusado de participar en la falsificación de las actas de libertad de los desaparecidos, los fiscales solicitaron 8 años de prisión a diferencia de la querella que pidió 12.

Recordemos que dos acusados fallecieron durante el desarrollo del juicio: el ex comisario José Martín Mussere, como así también el ex médico de la policía, Cristóbal Ruiz Pozo.

Tras el repaso de las pruebas que forman parte del expediente instruido por el ex juez federal Raúl Acosta, especialmente los libros de novedades de la policía y las falsas actas de liberación de los desaparecidos, junto a un abultado número de testigos que identificó a los acusados como partícipes tanto de las detenciones ilegales, como de los supuestos procesos de puesta en libertad de los detenidos, aparecen como más que probable que la sentencia sea condenatoria.

Aún así, habrá que esperar ahora los alegatos de las defensas, que sufrieron varias modificaciones en su conformación, hasta que finalmente conocidos letrados que han defendido a integrantes de las fuerzas militares en otros procesos similares al que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza.

Sin embargo, SITIO ANDINO está en condiciones de anticipar que el clima de tranquilidad que imperó entre los familiares de los desaparecidos tiene base en la convicción casi generalizada de estar ante una sentencia “cantada”, fundamentalmente porque además de las pruebas, prácticamente no hubo testigos que pudieran aportar a las estrategias elaboradas por los sucesivos abogados defensores que han tenido los imputados.

Por otro lado, es evidente cierto malestar en grupos afines a los imputados ante el inminente desenlace de este juicio, ya que se siguen sumando episodios que tendrían como fin “amedrentar” a quienes forman parte de este debate, y que oportunamente fueran denunciados, tales como pedradas en domicilios particulares de periodistas, violaciones de domicilios de militantes de grupos de derechos humanos y, el último anoche, nada menos que en el domicilio del propio presidente del Tribunal Roberto Burad.

FUENTE: Sitio Andino

Jornada 25/10 - alegatos fiscalía


Extensos alegatos de la Fiscalía

El Fiscal Dante Vega comenzó su alegato citando gran cantidad de literatura que explica lo ocurrido durante la dictadura en la Argentina. Literatura “de derecha” y “de izquierda” que relatan esas páginas oscuras y lamentables de la historia del país. Sin embargo el abogado dijo que su alegato no se iba a basar en libros que hablan del terrorismo subversivo porque son “una mera justificación del golpe militar”.

Por esto, el alegato se basó en tres documentos: informes de Derechos Humanos en Argentina que tienen su respaldo internacional; el documento “Nunca más” hecho por la CONADEP; y una sentencia judicial, la llamada “Causa 13” que no es otra cosa que el juicio a las juntas militares por el que pasaron 833 testigos, que tuvo más de 500 horas de debate y que juntó 3 toneladas de expedientes.

Vega habló de un “plan criminal” que existió para aniquilar a las organizaciones consideradas “subversivas”. Habló de un plan sistemático para secuestrar personas, torturarlas, matarlas y hacer desaparecer sus cuerpos, y todo esto con el agravante de que quedó demostrado en este juicio que en San Rafael no hubo grupos armados, guerrilla, ni ataques a militares, fuerzas de seguridad y mucho menos intentos de tomar el poder por las armas de parte de estas organizaciones. Comparó el accionar desmedido de los militares argentinos con los detenidos, con el de los nazis con los judíos en los campos de concentración. “Los militares no querían cárcel para los subversivos, era necesaria su desaparición física”, dijo.

Habló luego del terrorismo de Estado que sufrió San Rafael y cómo se fue preparando la zona para lo que sería el golpe del 24 de marzo de 1976. De cómo los imputados fueron empezando a formar parte de lo que ocurrió en el sur de la provincia desde mucho antes de esa fecha. “Aquí no pudo haber accionar antisubversivos porque no hubo subversión”.

Hizo referencia al lugar donde estuvieron los detenidos como “mazmorras” debajo de la Departamental. Era un “centro de detención clandestino” porque si bien se sabía que existía, de hecho los familiares de las víctimas llevaban comida allí, era clandestino porque los detenidos no estaban judicializados (teniendo en cuenta que en ese edificio trabajaba y trabaja la Justicia).

El fiscal terminó su discurso con palabras muy duras donde aseguró que en San Rafael hay amnesia de las fuerzas de seguridad que “no recuerdan” cuando se les pregunta por lo ocurrido durante esos años. “Hemos sido testigos de la estupidez”, dijo, refiriéndose a partes del relato de algunos testigos que contaron cosas insólitas como cuando declaró el Dr. Humberto Roca que estuvo detenido desde el 1º de setiembre del ’76 hasta el 28 de diciembre de ese mismo año. Lo llevaron junto a su novia de la casa de la joven e “hicieron un operativo como si fueran a detener a Bin Laden”, según dijo dada la magnitud del procedimiento. “A mi novia le llevaron un guardapolvo con la cara de Mafalda dibujada en él” contó Roca.

Vega habló de que hubo “solidaridad”, como la del ex soldado Lemos que arriesgando mucho, le llevaba información de Tripiana a su familia. Y habló de “valentía” como la del Dr. Guillermo Romano que había confesado que no pudo entrar a Montoneros por su condición de homosexual.

“Hemos sido testigos del dolor”, dijo el Fiscal con la voz resquebrajada, aunque queriendo disimularlo, y finalizó su primera parte del alegato recordando las lágrimas que se han derramado durante este juicio o hechos como aquel en el que Mariano Tripiana les imploró a los imputados “que por favor les dijeran dónde están los cuerpos de sus viejos”.

Fuerte fue el aplauso del público presente al finalizar Vega. Luego de un intervalo comenzó a alegar el Dr. Francisco Maldonado.

Este abogado hizo un resumen de los testimonios de todos los testigos que probaron que las cuatro desapariciones de esta causa tienen que ver con los imputados. Uno por uno fue recordando, bajo el nombre de los imputados, los relatos de sus detenciones, de sus torturas vistas por otros testigos y de sus “liberaciones” a sospechosas altas horas de la noche, con la presencia en muchos casos de los imputados (surgido de sus firmas en las actas).

En el día de mañana la Fiscalía pedirá la sentencia que crea conveniente a Guevara, Ruiz Soppe, Egea Bernal y Labarta.

Fuente: mediamza.com

Nota a Mariano Tripiana en diario El Sol

“Me deja asombrado el pacto de silencio tan grande”

“Me dejó muy tranquilo el pedido de sentencia”, señala Mariano Tripiana en diálogo con El Sol. Mariano es hijo de Francisco Tripiana, uno de los cuatro desaparecidos por los cuales se lleva adelante el primer juicio de lesa humanidad en San Rafael y que concluirá dentro de unas semanas. Desde el 1 de julio, cuando comenzó el debate, se convirtió en uno de los habituales asistentes a la sala donde se realiza el juicio , incluso antes de que este empezara había hecho una investigación personal sobre lo ocurrido con su padre, que fue detenido el 24 de marzo de 1976 y desde la madrugada del 31 de marzo, cuando salió del centro de detención donde se hallaba, no se supo nada más de él.

Por su desaparición, el miércoles, los abogados querellantes pidieron prisión perpetua contra el ex teniente Aníbal Guevara y los ex policías Raúl Ruiz Soppe y Juan Roberto Labarta. Asimismo se pidieron doce años contra el ex abogado policial Raúl Egea Bernal, por la falsificación del acta de liberación de Tripiana. Guevara, Ruiz Soppe y Labarta están acusados de homicidio calificado, tormentos, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita por la desaparición de Tripiana y también en los casos de Roberto Osorio y Pascual Sandoval.

Además, Labarta y Guevara comparten la misma acusación en la desaparición de José Guillermo Berón, ocurrida en octubre de 1976. Desde San Rafael, Mariano explicó que, más allá de la condena, “uno espera encontrar los cuerpos de sus desaparecidos” y afirmó que durante el desarrollo del juicio quedó aclarada la participación de los imputados, aunque agregó que le hubiese gustado que estuviera un policía de nombre Daniel López, a quien muchos señalaron como partícipe en las torturas y que, justamente, era vecino de Francisco Tripiana, y lamentó también la ausencia de José Mussere, uno de los acusados que falleció en los primeros días de agosto mientras permanecía detenido en la penitenciaría de San Rafael. El lunes será el turno de la fiscalía de comenzar sus alegatos y pedir condena.

Mientras llega el día, Tripiana aseguró confiar en que el pedido de condena será similar al de la querella y les solicitó a los imputados, una vez más, que reflexionen sobre lo que ocurrió para que los familiares de los desaparecidos puedan darle una “digna sepultura” a sus víctimas y exclamó estar asombrado de “que tengan un pacto de silencio tan grande”.

Jornada 20/10

Los querellantes pidieron prisión perpetua para tres represores juzgados en San Rafael

Ayer comenzó la etapa de alegatos en el juicio por desapariciones forzadas de personas durante la dictadura militar que se sigue en San Rafael. El primer turno fue para los abogados de la parte querellante, que cerró hoy Diego Lavado. El letrado pidió al tribunal que condene a prisión perpetua al ex teniente coronel Aníbal Guevara y los ex policías Juan Roberto Labarta y Raúl Ruiz Soppe. Para el abogado Raúl Egea Bernal requirió 12 años de prisión.

Los abogados Alfredo Guevara y Diego Lavado cerraron hoy el primer capítulo de la etapa de alegatos en el juicio por la desaparición de personas en San Rafael durante la dictadura militar.

Guevara, tras dar por probada la existencia de una organización o “grupo de tareas” integrado por el entonces teniente Guevara, y los policías Labarta, Fierro, López, Mussere y Trentini”, solicitó al Tribunal que libre una serie de compulsas contra testigos por presuntos falsos testimonios.

En esa lista incluyó a los ex comisarios Hugo Trentini y Oscar Pérez (este último integra el Consejo de Seguridad del municipio), Hugo Carrió, el ex director de la cárcel Braulio Navarro Chirino, el ex capellán del Ejército Franco Revérberi, José Miguel Ruiz Pozo, hermano del médico Cristóbal Ruiz fallecido durante el transcurso del proceso, y contra Luis Sabez.

El último en alegar fue el abogado Diego Lavado, cuyo relato se extendió durante casi tres horas e incluyó numerosas referencias a jurisprudencia internacional y un análisis detallado del rol de cada uno de los acusados en la represión ilegal.

Acerca de Ruiz Soppe, dijo que era imposible que ignorara lo que ocurría, como señaló en su declaración, “ya que con su venia se usaron dependencias policiales como centros de detención, móviles policiales para hacer secuestros y trasladar soldados y cortar calles. “Soppe es un personaje central en el plan de exterminio que hubo en el Departamento de San Rafael”, dijo Lavado.

Respecto a los demás acusados, señaló a Labarta como responsable de señalar a quién se detendría, de Guevara dijo que era la mano derecha del Mayor Faustino Suárez (jefe de la zona) y que, a pesar de que era sólo teniente y muy joven, ocupaba el tercer lugar en la jerarquía de mandos en San Rafael luego del propio Suárez y del capitán Stuhldreher.

Al abogado Egea lo responsabilizó de ocultar la prueba de las desapariciones, ya que labraba las actas de libertad de quienes en realidad se convertían en desaparecidos.

Finalmente, requirió para Ruiz Soppe, Guevara y Labarta la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas “por homicidio calificado en concurso real con otros delitos de gravedad”, mientras para el abogado Egea Bernal pidió 12 años de prisión “por falsificación de instrumento público, asociación ilícita y aplicación de tormentos”.

El Tribunal pasó ahora a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, cuando se sucederán los alegatos del Ministerio Público Fiscal y los defensores a partir del lunes.

Jornada 19/10

Salinas: “Los militares argentinos imitaron a los nazis”

El abogado de la querella, Pablo Salinas, rescató la “definición de crímenes de guerra contra la humanidad del estatuto de Nuremberg y la Resolución 95 de la Asamblea General de la ONU, que también confirma los principios de Nüremberg”.

Salinas dijo que hubo en Argentina “una organización criminal, un plan común que tenía por finalidad delictiva de la Junta eliminar a los oponentes, incluso apropiarse de los niños. Contaba con un grupo de tareas, integrado entre otros por el Teniente Guevara, los policías Labarta, Fierro, Lopez, Mussere, Trentini”.

Para el letrado se probó la existencia de este plan “en el marco de una empresa criminal, que es la que llevó adelante la Junta Militar, a partir del terrorismo de estado y se ejecutaba en San Rafael, particularmente, mediante ese grupo de tareas. La sola pertenencia a esa organización criminal, es prueba suficiente para condenar a los imputados. Y está claro que era una pertenencia fue a raíz de una decisión voluntaria”, sostuvo.

“En el fallo de Nüremberg, se consideró como integrantes de la organización a los cuadros del Partido Nazi, las SS, la GESTAPO; es decir, distintas fuerzas. Y todas las fuerzas así en el sistema nazi como en el sistema argentino, buscaban eliminar a los opositores. Una definición de opositores determinada por ellos mismos, muy amplia y flexible”.

Luego de repasar las detenciones a personas que nunca nadie pudo probar que formaran parte de organizaciones terroristas, sino de simples militantes peronistas, Salinas aseguró que “cualquier persona podía quedar a merced de esta maquinaria del terror, que así como existió en Alemania, existió en Argentina”.

“El mecanismo utilizado fue el de fuerzas de tareas especiales, es decir, buscaban los mejores hombres y los tomaban de todas las fuerzas para conformar, como en Alemania los Eisantgruppen, los grupos de tareas de Argentina”, comparó.

“Por eso acá tenemos militares y policías, y en el juicio oral que se desarrollará en Mendoza, tendremos a policías no sólo provinciales sino también federales”, agregó el abogado querellante.

Jornada 18/10

Comienzan los alegatos y el juicio por la desaparición de personas entra en el tramo final

El juicio contra los cuatro acusados que comparecen por su participación en la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar (1976-1983) entra a partir de hoy en su tramo final con el inicio de los alegatos de las partes.

En primer lugar, alegarán los abogados que representan a los querellantes, Pablo Salinas y Diego Lavado. Luego harán sus presentaciones finales ante el Tribunal los defensores de los imputados y los fiscales Dante Vega y Francisco Maldonado.

Se estima que esta etapa podría extenderse hasta la semana que viene, finalizada la cual el Tribunal entrará en receso para redactar la sentencia que, de no mediar inconvenientes, podría conocerse los primeros días de noviembre cerrando el primer juicio que se sustanció en Mendoza por delitos de lesa humanidad.

En su desarrollo desfilaron un centenar de testigos y se llevaron a cabo varias inpecciones oculares a inmuebles urbanos y predios rurales señalados como lugares de detención o de probables entierros de cuerpos de desaparecidos. Incluso se sumaron testimonios de personas que no estaban originalmente previstos y hasta sobrevoló la sala en dos ocasiones la posibilidad de que fuera citado como testigo el padre del actual intendente interino Emir Félix y del diputado nacional Omar Félix, lo que finalmente se descartó por su estado de salud.

Los acusados que escucharán la lectura de la sentencia son cuatro: los ex policías Raúl Ruiz Soppe y Juan Roberto Labarta, el ex militar Aníbal Guevara y el abogado Raúl Egea Bernal. Dos de ellos, José Martín Mussere y Cristobal Ruiz Pozo, fallecieron en el desarrollo del debate oral y el principal responsable militar de la zona, Luciano Benjamín Menéndez, no compareció ya que simultáneamente está siendo juzgado en otras dos sedes por idéntica razón.

El único de los imputados que hizo uso de su prerrogativa de declarar ante el Tribunal fue Raúl Ruiz Soppe, que ayer insistió en su postura exculpatoria, negando conocer que se produjeron desapariciones de personas pero aceptando que se llevaban a cabo detenciones de personas por razones polìticas.

Jornada 6/10

Nota publicada en mediamza.com

Juicio por delitos de lesa humanidad: Declaró Ruiz Soppe por 3º vez


En el 41º día de juicio por delitos de lesa humanidad comenzó declarando Nilo Torrejón, ex detenido que vivía cerca del desaparecido José Berón. Fue secuestrado el 26 de febrero de 1976 a las 6 de la mañana en su casa del barrio Constitución de San Rafael. Le pusieron un FAL en el cuello y lo metieron en un camión esposado.

Estuvo en Infantería junto a otros detenidos y fue duramente torturado. Le preguntaban “qué era una célula, para quién trabajaban, si habían recibido instrucción militar” y otras cosas que según dijo, él no sabía. Fue trasladado a Mendoza a Investigaciones y luego la cárcel. Estuvo en cautiverio casi 4 años sin saber exactamente por qué.

Este testigo aseguró que en San Rafael hubo quienes marcaban a otras personas que luego eran detenidas por las fuerzas militares y policiales. Dentro de esos “entregadores” había miembros del peronismo ortodoxo.

A raíz de ese testimonio, el Fiscal pidió que se extraiga compulsa para que se investigue el delito de privación ilegítima de la libertad y torturas sobre la persona de Nilo Torrejón.

Seguidamente y por 3º vez en lo que va del juicio, hizo uso de su derecho a declarar previo a los alegatos, el imputado Ruiz Soppe. Volvió a manifestar su desacuerdo con la ampliación de acusación que le hiciera el Ministerio Público. Otra vez culpó de que él está sentado ahora en el banquillo de los acusados a Santuchone a quien calificó de “terrible delincuente”. Según Soppe que vino a San Rafael por órden de este militar, eso fue “un descenso en su carrera” ya que si no hubiera venido, no estaría pasando por esto.

Con respecto a los testigos que él mismo propuso para este juicio, dijo que “le da vergüenza ajena que hubieran dicho que no recordaban cómo era la estructura orgánica de la policía”. Recientemente declaró Pedro Carrió López quien fue compulsado por falso testimonio. Sobre él, Soppe dijo “se quiso hacer el loco, pero los exámenes demostraron que no lo está”.

También habló del juicio, que tildó de “lamentable” por las personas que están desaparecidas y por quienes han declarado haber sido secuestrados y torturados. “Amargamente uno se entera acá que hubo gente detenida víctima de torturas y dejamientos”.

Como en las otras oportunidades en las que declaró aseguró desconocer lo que pasaba en San Rafael y lamentó que nunca le hayan dicho nada, ni sus subalternos ni los familiares de los desaparecidos. “¿Por qué no me dijeron que escuchaban gritos, lamentos? No lo hicieron y yo estoy pagando por circunstancias ajenas a mí”.

Hoy continúan las inspecciones oculares en la bodega de la esquina de Castelli y Urquiza donde estaba el comando y más tarde en los cuarteles de Cuadro Nacional. Mañana uno de los jueces hará la inspección en El Sosneado donde algunos testigos dijeron que podría haber cuerpos.

Amenazan a periodista de LV4

Articulo de Mediamza

Violencia en el Juicio: Periodista sufre intimidaciones en su casa



Patricia Coria es la periodista designada por los medios en los que trabaja para cubrir el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en San Rafael. Ante una serie de hechos que ha sufrido no puede dejar de asociar su labor periodística con esas situaciones.

La primera vez, Coria había hablado en la radio de “amnesia policial”, dado que muy frecuentemente los testigos ex policías, “no recuerdan” nada de lo que se les pregunta. Un hombre se acercó en dos oportunidades a la casa de la mujer y habló con su hijo de 12 años, indagándolo por el paradero de la periodista y los horarios que tiene. También le pidió el número de celular pero el muchacho no accedió a dárselo. Le dijo que se llamaba Marcos, que el ese fin de semana había salido a bailar a Malargüe con su madre, cosa que su hijo sabía que era falso.

Al manifestarle que estaba trabajando, el hombre decidió esperarla en un auto cerca de una hora, aunque cuando llegó Coria, ya se había ido. Era un hombre de unos 50 años, bajo, de cabello corto canoso, de ojos claros.

Ayer cerca de las 19, Patricia estaba en la radio trabajando cuando la llamó su hijo para contarle que sintió un ruido muy grande en la casa y cuando fue al baño encontró el suelo repleto de vidrios rotos de una ventana que fue fuertemente golpeada por una piedra. “Afortunadamente en el baño no había nadie, porque de haber habido alguien se hubiera lastimado”, manifiesta la periodista.

El patio de la casa de esta periodista donde da la ventana del baño que fue rota, se divide por un tapial no muy alto de otra propiedad y es muy factible que el objeto contundente haya partido desde ese lugar. Lo curioso es que esa propiedad es del fallecido médico de policía Cristóbal Ruiz Pozo, quien estuviera imputado en la causa por delitos de lesa humanidad en San Rafael.
“Yo creo que esto tiene que ver con la cobertura del juicio”, dijo Coria.

Inspecciones oculares - algunas fotos

Publicamos algunas fotos de las inspecciones oculares realizadas ayer.

Gentileza de mediamza.com






Jornada 5/10 - Inspecciones oculares

Nota de Sitio Andino

Inspeccionaron inmuebles donde funcionaron centros clandestinos de detención


El Tribunal que lleva adelante el juicio a ex represores por la desaparición forzada de personas en San Rafael recorrió hoy junto a ex detenidos los sitios donde estos estuvieron alojados y fueron torturados en 1976.

La recorrida empezó a las 10.30 en dependencias de Infantería de la Policía de Mendoza, adonde muchos eran trasladados inicialmente luego de haber sido allanados sus domicilios o lugares de trabajo.
Allí, los testimonios de los hermanos Berón y del doctor Alfredo Rafael Porras coincidieron en señalar la existencia de calabozos ahora desaparecidos en el predio donde se está construyendo una nueva estructura de Cuerpos Especiales.

También visitaron dependencias del Ejército y de laMunicipalidad, como también la ex Casa Departamental, donde funcionan los tribunales provinciales de la Segunda Circunscripción.

Tras recorrer dos despachos de la Intendencia, reconocidos por testigos como Luis Alfredo Barahona, el Tribunal subió las escaleras hasta la planta alta del edificio municipal donde históricamente viene funcionando LV 18 Radio Municipal, sitio que también fue señalado como de detención y torturas por varios testigos.

Uno de ellos, de apellido Ibáñez, relató: “me golpeaban de todos lados, todos los presentes y nadie podía dejar de hacerlo porque seguramente era como un código que todos debían golpear”, recordó.

“Pese a que estuve vendado, pude reconocer después a Guevara, a Suárez y a Mussere”, rememoró Juan Carlos Berón en Infantería.

“A mí no me golpearon, pero sí supe de todas las palizas que les daban a los detenidos en este lugar”, dijo Porras, a su turno también en el predio policial de Deoclesio García y Masa.

“Me pusieron boca abajo ahí, estaba lleno de soldados, y me trajeron por esa escalera; Mussere me hizo subir las escaleras en posición de salto de rana (en cuclillas), a la mitad ya perdía las fuerzas, me caía y tenía que volver; estuve más de una hora para tratar de subir estos pocos escalones”, testimonió Barahona.

“Me hacían limpiar el piso mientras me arrastraban de las patas”, dijo otro; “se cansaron de pegarme, cuando me dejaron, estuve dormido tres días y al despertarme moreteado, entonces el doctor Ruiz Pozo en lugar de prescribirme una medicación con una receta firmada por él, mandó a los policías a comprarme un calmante”, señaló otro.

Los testimonios fueron confirmatorios de los elementos obrantes en la causa acerca de los sitios y protagonistas de las detenciones y torturas, con lo que se esperará ahora, solamente, la preparación de los alegatos para dar paso en no más de un mes a la sentencia del Tribuna

Nuevas amenazas a Alicia Morales

Nota del día de hoy en El Sol

Amenazan nuevamente a miembro de los organismos de DDHH de San Rafael

Tres hechos, una sola persona. La tesorera de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Alicia Morales, volvió a sufrir una intimidación, luego de la ocurrida la semana pasada. Esta vez ocurrió el domingo por la noche, aunque otro hecho producido el viernes también había causado la alarma. Las intimidaciones tienen el agravante de haber ocurrido mientras se desarrolla el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, más precisamente en San Rafael, al que le faltan pocas semanas para concluir.

AMENAZA. Según especificó Miriam Zambrini, titular de APDH, el viernes por la noche, mientras Morales se encontraba en su casa, se escuchó cómo una piedra golpeaba contra el techo de la vivienda. Al mismo tiempo, un automóvil se encontraba estacionado a pocos metros de la tranquera de Morales. Según la policía que acudió al lugar, los ocupantes del auto eran dos jóvenes que buscaban algo de intimidad.

Sin embargo, el domingo por la noche ocurrió otro hecho más grave, ya que Morales, quien estaba con dos compañeros de los organismos de derechos humanos, escuchó pasos en el techo de la casa. Ante los llamados del teléfono de Morales, la policía no respondió, pero sí lo hizo cuando uno de sus compañeros se comunicó a través de su celular. Sin embargo, según explicó Zambrini, la policía no acudió al lugar. Morales, la semana pasada ya había sufrido una primera intimidación, luego de que el lunes por la noche un grupo de extraños ingresara a su casa y revolviera cada parte de la vivienda sin robar pertenencias ni objetos de valor.

En ese momento, el abogado Pablo Salinas pidió la intervención del Programa de Acompañante y Protección de Testigos, pero, según explicó Zambrini, este no puede intervenir, ya que Morales no es testigo, sino que forma parte de una organización querellante (APDH), por lo que se solicitó ayuda al Programa Verdad y Justicia, que también depende del Gobierno nacional. Sin embargo, el representante de este plan debía llegar a San Rafael la semana pasada y aún no había arribado, explicó Zambrini, ofuscada con las postergaciones que han sufrido. Mientras llegue la custodia, Zambrini afirmó que se seguirán cuidando entre los integrantes de los organismos, tal como ha sido hasta el momento.

Jornada 4/10

En la 40º jornada del juicio por delitos de lesa humanidad hubo otra compulsa por falso testimonio contra un policía. Declararon testigos espontáneos y hubo careos. Finalmente se desistió de la concurrencia a declarar de Susana Sanz de Llorente, de Navarro Chirino y de Chafi Félix.
INFORMA: mediamza.com

Chafi Félix y Susana Sanz de Llorente no declararán en el Juicio

Dos testigos espontáneos se presentaron esta mañana. La primera fue Mirtha Susana Soler, quien en abril de 1976 vivía en la calle 3 de febrero al 500, a metros de la vivienda de la cual se llevaron a la ahora desaparecida Rosa Luna. Contó que Rosa vivía con su familia, que era una persona introvertida y que nunca la vio manifestarse políticamente.

Un día llegó su casa y la cuadra estaba llena de militares que no la dejaban ingresar a su vivienda. Les pidió que la dejaran pasar aunque sea para buscar un abrigo, y un militar la acompañó apuntándola con un arma en la espalda. Al otro día se enteró que se habían llevado a Rosa Luna aunque más tarde la liberaron.

En una segunda ocasión los militares ingresaron con mucha violencia en la casa y se llevaron nuevamente a Luna. Soler podía escuchar los gritos y llantos de la joven desde su vivienda. Al otro día la mujer se dirigió a la Brigada de Investigaciones donde trabajaba un cuñado suyo, Hugo Jesús Orihuela. Al preguntar por la chica otro uniformado le dijo que se fuera, que “a Rosa Luna no la iba a ver nunca más”.

Además del relato del secuestro de Luna, esta mujer contó una curiosa historia relacionada a los Sandoval, la familia de uno de los desaparecidos. Mirtha Soler formaba parte de una organización de derechos humanos en los años ’90 llamada COFAVI. Según contó, un día se acercaron a su casa miembros de una familia Sandoval, para llevarle la inquietud de que habían querido ir a enterrar un cuerpo en el cementerio en una tumba que les pertenecía, y se habían encontrado con que la misma estaba cubierta con una lápida.

Soler habría consultado con el entonces Intendente Vicente Russo, quien envió personal municipal y luego le manifestó que en esa tumba “había algo raro”. Tras una denuncia en la Justicia fue el Juez Yacante con personal de criminalística. Al cavar encontraron varios esqueletos pertenecientes a cuerpos NN. Yacante los habría llevado a Tribunales para un examen forense, pero nunca más se supo qué pasó con esos huesos.

Soler también contó que le denunciaron robo de bebés. A una mujer llamada Susana Martínez le llevaron a sus 4 hermanos y a su beba de 6 meses. Gracias al trabajo de COFAVI se encontraron los niños, y según dijo la testigo “la beba la tenía un directivo del diario Los Andes en Mendoza”. Agregó que por estas investigaciones que hizo, en una ocasión la detuvo Policía Federal.

Luego compareció otra testigo espontánea llamada Elena Carlos Solís, quien pernoctaba en la casa de otra desaparecida, Angélica Guerrero, y que fue testigo de su secuestro. Estima que se la llevaron por algunas reuniones de la Juventud Peronista que se hacían en ese hogar.

Seguidamente declaró Pedro Carrió López, ex comisario en General Alvear y que en San Rafael trabajó en la 8º, en la 32º, en Investigaciones y en Logística. Ya había declarado el 17 de agosto, y dada la confusión que tenía la Fiscalía pidió que el Cuerpo Médico Forense le hiciera un examen psico-físico para ratificar que este policía verdaderamente tiene un cuadro que no le permite atestiguar con precisión. El informe de ese examen determinó que sí está en condiciones de declarar.

Carrió López es profesor de historia “pero no sabe la fecha del golpe de estado de 1976”. Sus reiteradas “confusiones” y dado que el examen del Cuerpo Médico Forense determinó que no tiene sus facultades mentales alteradas, hicieron que se pidiera compulsa por falso testimonio en su contra.

Los informes médicos psiquiátricos a Navarro Chirino y Chafi Félix determinaron que el primero se encuentra en condiciones de declarar, en tanto que el segundo no.

Aún así, el Fiscal Dante Vega, desistió de la comparencia de ambos testigos, ya que lo que declaren podría afectar su derecho de defensa, puesto que podrían quedar involucrados en la causa y no pueden declarar contra sí mismos. Los testimonios de estos testigos podrían generar consecuencias penales en su contra.

Mañana habrá inspecciones oculares en la Municipalidad, en Infantería y en la Departamental y se estima que luego serán las indagatorias a los imputados. La semana que viene no habría audiencia porque las partes prepararán los alegatos, y la otra semana se presentarían, concluyendo el juicio a finales de este mes, siendo la lectura de la sentencia en noviembre.

RESUMEN DEL JUICIO: 3ra entrega

A continuación dejamos del resumen del juicio que está elaborando Diego, un compañero de la Coope.

Lo hemos subido al portal scribd.com, pueden descargarlo en el link "download" o bien leerlo en pantalla completa en la opción "full screen".

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RESUMEN 3[1]..

Nota de El Sol

Organismos de DDHH: “Tenemos temor pero eso no nos va a detener”


fotografia


Era imposible que las amenazas sufridas contra una militante de los organismos de derechos humanos y familiar de un desaparecido en San Rafael no repercutiera en Mendoza. Más aún al haberse dado cuando resta muy poco tiempo para que finalice el primer juicio por delitos de lesa humanidad en ese departamento y en Ciudad comience otro debate el 17 de noviembre. Por ello, los organismos de derechos humanos rápidamente entendieron el mensaje de las amenazas y salieron a repudiar el hecho y a asegurar que entre ellos hay temor pero que eso no los va a paralizar después de 34 años de búsqueda de justicia.

SIN DUDAS. Los encargados de dar a conocer la postura de los organismos fueron Ramón Ábalo, Ana Montenegro, Isabel Pérez, Nino Bonoldi, Mariú Carreras y Eugenio París. Estos dos últimos, seguramente estarán entre los testigos del próximo debate, ya que Carreras vio cómo se llevaban a su pareja y tiene a su hermano y a su cuñada, quien se encontraba embarazada, desaparecidos, mientras que París estuvo encerrado en el D-2 y vio a una persona que luego desapareció y que, justamente, forma parte de las 18 causas que serán llevadas a juicio por el Tribunal Oral Federal 1.

Carreras fue la primera del grupo en tomar la posta y aseguró que lo ocurrido en San Rafael, en donde un grupo de personas ingresó a la vivienda de Alicia Morales, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y revolvió todas sus pertenencias –sólo se llevaron un viejo sable–, constituye un acto repudiable. En tanto, Bonoldi afirmó que por ahora se está evaluando pedir la colaboración del Programa de Acompañante y Protección de Testigos y Querellantes en Causas de Lesa Humanidad, lo que permitiría a aquellos que lo soliciten tener custodia o algún otro sistema de seguridad.

Bonoldi explicó: “Estas amenazas provienen de los sectores que están inculpados en estos juicios, de los imputados y de los sectores cómplices de la dictadura. Si lo que pretenden con esto es un ataque a los testigos, nosotros entendemos que es lo inverso”. Por su parte, París afirmó que lo sucedido en San Rafael “no es un hecho aislado ni tampoco obra de un loquito que ande suelto, sino que, para que se libere una zona, debe haber cierto apoyo del Estado, que sigue enquistado”.

Los cuatro, al igual que Pérez y Montenegro, se mostraron de acuerdo en que se usen todos los mecanismos para garantizar seguridad a los testigos y admitieron: “Tenemos temor, somos personas que leemos los diarios y sabemos lo que pasa pero no tenemos dudas, el temor no nos va a detener”. Y agregaron que cuentan también con un equipo de profesionales que pueden acompañar el proceso de aquellos testigos que se sientan más vulnerados o amenazados, además de que reafirmaron el concepto: “No tenemos miedo”.

Nueva inspección ocular en El Usillal

Nota de mediamza.com


Rony Ortiz que declaró la semana pasada, contó que hace algunos años había ido a pescar a Los Reyunos y allí se encontró con un amigo que había sido policía llamado Rubén del Carmen Gómez. Comiendo un asado y luego de algunas copas, le confesó que durante el proceso militar tuvo la orden de apresarlo y matarlo pero no lo hizo. Además este hombre le habría revelado que “él integró el grupo de los que mataron a José Berón en el ‘cuartito azul’”, (el cuartito azul era el nombre de fantasía que tenía un móvil policial de la época). Pero Rony agregó que no estaba solo en aquella charla, que estaba presente otro hombre llamado Alberto Mario Rubio que fue citado para declarar esta mañana.


Rubio además de haber estado en ese asado, conoce a la familia Berón porque José era el hermano de la esposa de un primo suyo. Si bien recordó la ida a los Reyunos y el encuentro con Gómez, supuso que él debe haber estado haciendo el asado cuando Ortiz y el otro hombre mantuvieron esa reveladora conversación.

Sí bien no conoció a José Berón, le impactó que la supuesta confesión de Gómez de que fue asesinado en el furgón policial. Aseguró no haber escuchado esa parte de la charla que mantuvieron sus amigos.

Más tarde declaró Ana Irma Ponce, ex policía que trabajaba en Investigaciones en la oficina en la que se hacían los trámites para el certificado de buena conducta. Se trata de una mujer que estaba evidentemente muy nerviosa y que de tanto decir “no lo recuerdo”, hizo que el Fiscal Dante Vega le dijera “entonces díganos, ¿qué recuerda?” y el Presidente del Tribunal tuvo que recordarle en varias oportunidades que ella es testigo y no imputada. La mujer dijo que ella “fue una sola vez a la Departamental”, pero esto se contradecía con lo escrito en el acta de novedades que le mostró el Tribunal.

Si dijo que la vez que estuvo en ese lugar fue para custodiar detenidas, pero que no tuvo contacto con ellas. Su testimonio no sumó mucha más información ya que abundó su falta de memoria.

Después declaró el ex concejal demócrata Gabriel Juri que hizo el servicio militar en 1976 y conoció por eso a los imputados. En principio estuvo en Campo Los Andes y lo trasladaron a Cuadro Nacional.

Pasó por la Municipalidad donde dijo que había soldados y algunos suboficiales. Contó que la tropa dormía en lo que ahora es el Concejo Deliberante, mientras que los superiores lo hacían en el balcón del mismo (donde ahora funciona Comunicaciones de ese Cuerpo).

También trabajó en el lugar donde se había colocado el comando, es decir la bodega que está en la esquina de Urquiza y Castelli. En ese lugar se encontró con la hermana de su actual esposa y le preguntó “¿qué hacés acá?” a lo que la mujer le habría respondido que la habían llevado los mismos militares. Aparentemente esta mujer fue detenida por ser militante peronista. Luego de interrogarla la dejaron ir.

Ratificó lo dicho por testigos anteriores, que al ahora imputado Teniente Coronel Guevara lo vio en varias oportunidades con el Mayor Suárez, aunque no puede asegurar que fuera específicamente su asistente.

El Tribunal recibirá los últimos testimonios e inspeccionará lugares de detención

NOTA DE SITIO ANDINO:

A muchas personas que conocen los entretelones del juicio les llamó la atención que, sucesivamente, se produjeran un par de episodios poco claros vinculados al mismo.
El primero de ellos fue la violación del domicilio de la tesorera de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, Alicia Morales, y el otro el que protagonizó un joven de 19 años, identificado como Matías Lombardi, que rompió los carteles que suelen colgarse en el frente del edificio de la UNCuyo donde sesiona el Tribunal Oral Federal Nro.2.

Ambos hechos tuvieron lugar anoche, y en el caso de Lombardi, Mariano Tripiana intentó indagar “si pertenecía al Verbo Encarnado, que suele tener elementos contestarios de este tipo”, dijo Tripiana a SITIO ANDINO.
También anoche, fue violentada la casa de Morales, con el dato sugestivo de que fue sustraída la mochila donde una joven, amiga de la familia, guardaba los apuntes que había ido tomando para la redacción de un libro sobre este juicio.

Al margen de esto, las últimas testimoniales recibidas por el Tribunal volvieron a complicar al ex teniente Guevara, incluso con declaraciones de antiguos integrantes de la Policía de Mendoza que lo señalaron como una especie de “secretario del Mayor Suárez” en 1976.

Por otra parte, se reiterarían algunas citaciones, como la de Luis Savez, que formaba parte de un grupo político del que desaparecieron la mayoría de sus integrantes, entre ellos Silvia Luna.
Mañana, además, se dictarían medidas para constatar el estado de salud de Chafí Félix, a fin de corroborar si está o no en condiciones de aportar su testimonio en esta causa, ya que a la citación respondió con un certificado médico presentado por su abogado Oscar Sat.

A quien le suspendieron el testimonio fue al médico José Miguel Ángel Ruiz Pozo, ya que pasaría a ser imputado y, por ello, indagado a fin de determinar su responsabilidad en los hechos que se investigan, dado que apareció su firma en algunas actas de liberación de detenidos políticos en los años ’70. Como ex de jefe de Sanidad Policial, se lo ha sindicado como colaborador del teniente Guevara y, obviamente, como subordinado del entonces Jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza, Ruiz Soppe.

La jornada de mañana también es aguardada por los querellantes, dado que el Tribunal inspeccionará los piletones de una finca de El Usillal donde residió el militar de apellido Atencio y en la cual, según un par de testimonios, se habrían arrojado “extrañas bolsas” durante la época de la dictadura militar.

La inspección ocular a los subsuelos de la "Departamental", como se conocía al antiguo Edificio de Tribunales, donde funcionaban calabozos en los que fueron vistos por última vez con vida varios de los desaparecidos, quedaría para la próxima semana.